El 29 de febrero de este año, el gobierno envió a la Cámara de Diputados el Mensaje N° 456-359 o Proyecto de Ley sobre Carrera Docente. Una noticia que, por cierto, no fue una movida sorpresiva, sino que un efecto totalmente previsible de la Ley 20.501 (Ley de Calidad y Equidad de la Educación, promulgada en febrero del 2011), que mandató al ejecutivo a presentar un proyecto de ley sobre el tema antes del 1 de marzo de 2012. Aún así, el Colegio de Profesores pareció desconcertado ante la noticia, reaccionando con algunas pocas ideas cuadradas a la rápida en la asamblea del verano y adornadas posteriormente con los habituales “lugares comunes” del gremio. Así, en las primeras semanas de marzo, vimos a los dirigentes nacionales haciendo gala de la voluntad de encerrarse a conversar en una Mesa Técnica con el Ministerioi, que probablemente sólo conduzca a migajas, “conquistadas” tras el siempre repetido teatral escenario de quiebres de mesa y débiles llamados a movilización.
El Proyecto de Ley sobre carrera docente.
La propuesta del gobiernoii establece un “sistema de promoción y desarrollo profesional docente del sector municipal”, cuyo objetivo es –usando sus propias palabras–, asegurar la efectividad de los docentes en el aula y fortalecer el liderazgo de los directores para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Según el ministro Beyer, esta iniciativa “le cambia la cara a la educación pública chilena” al tener como objetivo “atraer a los mejores a Pedagogía y retener a los buenos docentes”.
El Proyecto de Ley consiste en 4 artículos permanentes y 7 transitorios. Estos últimos regulan la entrada en vigencia de los artículos permanentes.
En el primero de los artículos permanentes se describen 31 modificaciones al Estatuto Docente, que se pueden resumir de la siguiente manera:
Nuevas exigencias para el ejercicio de la docencia.
Se establecen exigencias para ejercer la docencia en establecimientos con subvención estatal: PSU rendida (o su equivalente), poseer título de una carrera acreditada y haber aprobado el Examen Inicial de Excelencia Profesional Docente.
Nuevo procedimiento de ingreso al sector municipal.
Las vacantes en el sector municipal se llenarán por concurso público en base a un perfil profesional determinado por el director junto al Jefe UTP del establecimiento y ratificado por el sostenedor. Existirá una Comisión Calificadora de Concursos (director, jefe UTP y profesor de la comuna designado por el director) encargada de evaluar a los postulantes y seleccionar al docente, decisión que para ser efectiva, deberá ser ratificada por el sostenedor.
Niveles de desarrollo profesional docente.
Se establece un sistema de promoción y desarrollo profesional para los docentes del sector municipal que regirá para los profesores nuevos y para los antiguos que opten por someterse a estas nuevas normas. La carrera profesional estará compuesta por 4 niveles de desarrollo docente: Inicial, Preparado, Avanzado y Experto. Los profesores serán clasificados periódicamente, a partir de una evaluación de conocimientos y habilidades, a cargo del MINEDUC. A cada nivel de desarrollo le corresponderá un perfil mínimo de remuneraciones.
Remuneraciones variables.
El sueldo de los profesores se compondrá del ingreso mínimo docente más asignaciones adicionales. El ingreso mínimo docente dependerá del número de horas contratadas, el nivel de desarrollo docente y la antigüedad laboraliii. Las asignaciones complementarias son las de ejercicio en condiciones difíciles, de zona, de responsabilidad directiva, de desempeño docente y por necesidad del proyecto educativo. Los montos de las 2 últimas serán determinadas por el sostenedor respectivo, además, en el caso de la asignación de desempeño docente sólo será aplicable a profesores clasificados en el nivel de desarrollo Avanzado y Experto.
Sistema de evaluación docente obligatorio.
El MINEDUC someterá periódicamente al profesor a una evaluación de conocimientos y habilidades docentes que certificará el nivel de desarrollo profesional alcanzado. Además, cada sostenedor deberá crear, en conjunto con los directores de la comuna, una evaluación de desempeño que condicionará el acceso a la asignación complementaria de desempeño docente.
Disminución de proporción de horas lectivas en docentes con 44 horas.
En todos los establecimientos que reciben subvención estatal, los profesores con jornada de 44 horas, podrán realizar un máximo de 31 horas lectivas, quedando el resto asignado para actividades curriculares no lectivas (preparación de las clases, principalmente).
Nuevas facultades para dar término a la relación laboral.
Se amplían atribuciones de los sostenedores y directores para despedir docentes. Se abre la posibilidad de poner término a la relación laboral cuando el desempeño de un profesor no es el adecuado, según los respectivos mecanismos de evaluación.
El segundo artículo fija las características principales que tendrá el Examen Inicial de Excelencia Profesional Docente. Éste lo deberán rendir todos los docentes que quieran trabajar en establecimientos que reciban subvención estataliv, siendo así una de las pocas disposiciones del proyecto que afectarán también al sector particular subvencionado y la única que por sus implicancias pretende ser una regulación indirecta al sistema de educación superior. Cabe recalcar que “el diseño, administración y fijación de los contenidos mínimos del examen corresponderá al Ministerio de Educación, quien podrá realizarlo directamente o bien celebrar convenios para la elaboración del mismo con instituciones externas”.
El tercero contiene modificaciones a la Ley 19.410 dirigidas a adecuar el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED)v a la institucionalidad creada en la Ley de aseguramiento de la calidad de la educación (promulgada en Agosto 2011 como consecuencia tardía de la LGE).
Finalmente, el cuarto artículo hace tres cambios a la Ley de Subvenciones, aumentando su valor de manera gradual desde el año 2014 al 2023 hasta llegar a una subvención mayor en un 25% de la actual.
Nuestra mirada frente a la Carrera Docente.
Para comprender a fondo qué implica el Proyecto de Ley del gobierno y cuál es su significado concreto, lo primero es ser consciente que este paquete de medidas se encuentra incrustado muy al centro de la ideología neoliberal.
El credo educacional de los neoliberales puede resumirse así: “el sistema educacional no funciona bien, porque hay profesores que haciendo mal su trabajo no pueden ser despedidos por culpa de las rígidas regulaciones laborales vigentes y por la falta de incentivos monetarios suficientes para que los más capaces se conviertan en profesores”. En ese sentido, el problema que identifican los tecnócratas de la educación, es que la institucionalidad laboral del profesor estaría impidiendo a la sociedad disfrutar de los beneficios que traería una lógica plenamente competitiva, alimentando con ello el bienestar egoísta de un gremio mediocre. Por lo tanto, este modelo injusto, con toda su desigualdad, poco o nada tienen que ver con que nuestros niños y jóvenes no desarrollen sus capacidades humanas como podrían, sino que gran parte de la culpa es del profesor, de quien se espera sea capaz de hacerse cargo de las carencias y frustraciones a la que están sometidas las personas que educamos a diario.
En esta defensa ciega del modelo han insistido por muchos años la Concertación y la Derecha, acompañadas de todo su séquito de intelectuales (entre ellos el mismo ministro Beyer) y ONGs estilo Educación2020, quienes han logrado hasta cierto punto instalar socialmente que los profesores somos un gremio de gente floja y mediocre, lo que acentúan aún más cuando salimos a la calle a movilizarnos.
Desde nuestra mirada, resulta iluso pretender que asimilemos acríticamente el análisis y rol que se nos quiere imponer, pues junto con responsabilizarnos de los fracasos educacionales de “su modelo”, viene a atrofiar las capacidades que como educadores necesitamos fortalecer para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Justamente, pues no se trata de caer en el conformismo y la cómoda justificación de que mientras la sociedad no cambie radicalmente, los docentes no tenemos ningún rol de cara al pueblo que educamos; por lo cual somos los primeros en relevar la importancia del profesor en la formación de los estudiantes desde una perspectiva integral. De no ser así, nada sería más alejado de nuestra condición de docentes revolucionarios.
Para una sola muestra de lo anterior, es una certeza que el sistema de evaluación docente que propone este Proyecto de Ley, no atiende un aspecto crucial de lo que se considera un buen profesor, que es empatizar con sus estudiantes, entendiendo a fondo su realidad para educarlos en los valores humanos, que a su vez el capitalismo desprecia (el esfuerzo, el trabajo colectivo, la solidaridad, etc.)vi.
Por tanto, los fundamentos ideológicos de este Proyecto de Ley, son los que profundizan aún más una concepción del rol docente que exagera la responsabilidad del magisterio en el funcionamiento del sistema educativo, restando toda importancia a las variables sociales-estructurales sobre las que se monta este sistema, que en la práctica es causa de la precarización del rol docentevii, para de paso, acomodarlo a los requerimientos del empresariado.
Por tanto, hay que apuntar la lucha del magisterio, desde la superación de aquella concepción, para perfilar la integralidad del rol docente que nuestro pueblo necesita; siendo conscientes del carácter esencialmente injusto del modelo y la necesidad de potenciar capacidades que como magisterio hoy escasamente poseemos.
En segundo lugar, es preciso analizar por separado la iniciativa de crear el llamado Examen Inicial de Excelencia Profesional Docente y fijar su aprobación como requisito para el ejercicio de la profesión. Esta propuesta particular ejemplifica muy bien cómo es que los administradores del modelo se ven obligados por la propia maduración del neoliberalismo chileno a hacerse cargo de las problemáticas que engendran sus contradicciones, pero por sus intereses de clase no pueden resolverlas hasta que el ocultarlas se hace imposible y hay que buscar los reacomodos y figuras jurídicas que normen, por cierto a favor de sus representados.
Es innegable reconocer que nuestro gremio tiene serias falencias que se arrastran desde los estudios universitarios (especialmente entre los jóvenes profesionales) y se profundizan a lo largo de los años de ejercicio por efecto de la precarización del rol docente promovida por el sistema educativo. En el diagnóstico, podemos estar de acuerdo con muchas de las voces que se pronuncian al respecto, incluidas algunas del gobierno, pero no podemos conjugar su discurso respecto de las causas y menos las soluciones, esto porque:
1. Pretende castigar a los estudiantes de pedagogías (futuros profesores), por el efecto que ha causado la mercantilización de la educación superior, que empobrece el conocimiento contenido en las carreras profesionales; más injusto aún, cuando permitió el enriquecimiento para algunos pocos por medio del negocio educativo.
2. El nivel de las pedagogías impartidas no mejorará, pues dada la nula voluntad del Estado por imponer sus términos al empresariado, lo más probable es que termine como una nueva y singular versión de lo que ha sido hasta ahora el sistema de acreditación universitaria: un mecanismo de evaluación y fiscalización que discrimina nada o muy poco, con tal de no molestar los intereses en juego dentro del mercado universitario. Seamos sinceros… ¿alguien se imagina al Estado reprobando masivamente a los estudiantes de una carrera que no reúne las condiciones básicas para formar un buen docente y que curiosamente sí está acreditada?
3. Es un estímulo más para que las universidades llevan al máximo la precaria formación docente, al acomodarla estrictamente a los requerimientos mínimos del examen inicial.
Desde nuestra mirada, para mejorar la formación inicial de nuestros futuros colegas, el Estado debería hacerse cargo directamente de las pedagogías, apoderándose inmediatamente de todas las carreras que no cumplan con las condiciones mínimas para preparar a los futuros profesores. Y para atacar las debilidades que muchos de nosotros heredamos del mercado universitario (junto con las deudas), es necesario destinar tiempo y recursos para estudios de perfeccionamiento y auto-formación con los colegas.
Por otro lado, el proyecto de Carrera Docente viene a degradar nuestras condiciones laborales para ajustarlas al modelo. Ataca nuestra estabilidad laboral al dejar la permanencia de los profesores y sus salarios. al arbitrio particular de directores y sostenedores, quienes como es sabido, no están limpios de los vicios clientelares. Termina con la renta mínima nacional del Estatuto Docente, haciendo que los sueldos dependan en buena parte de qué tanto dinero dispone el municipio o sostenedor particular para pagarles a los profesores, profundizando así la desigualdad en la educación y abriendo una puerta para agudizar aún más la precarización del trabajo docente.
Además, este proyecto de ley es engañoso, pues promete medidas que a simple vista podrían ser motivo de alegría (disminución de horas lectivas, aumento salarial), pero que no resisten mayor análisis, porque son meras estrategias comunicacionales. ¿Qué honestidad hay en prometer disminuir las horas lectivas a los profesores con 44 horas de jornada laboral, sabiendo que ellos son casi una excepción en la actualidad?viii ¿Cómo prometer aumentos salariales, cuando en realidad son bonificaciones dependientes de un sistema de evaluación-promoción administrado por sostenedores sedientos de recursos y que en el mejor de los casos sólo beneficiaría al grupo forzosamente minoritario (según dispone la ley) que quede evaluado en las mejores categorías de nivel de desarrollo docente y desempeño profesional?
En definitiva, un proyecto de ley que considera al dinero como la única motivación del profesor para educar; y la amenaza de la cesantía como la mejor herramienta para asegurar el buen desempeño laboral, es un insulto directo a nuestra dignidad docente. Para cumplir cabalmente con nuestro rol de formadores de las nuevas generaciones en sus aspectos valóricos, sociales, científico-técnicos y artísticos, es decir, para ser realmente educadores y no meros instructores como pretende el modelo, lo que realmente necesitamos es mejorar nuestras condiciones de trabajo y hacernos carne del rol docente que nuestro pueblo necesita.
Estabilidad laboral, disminución de la cantidad de estudiantes por curso, disminución real de las horas lectivas, tiempo para auto-formarnos con nuestros colegas y vincularnos con el entorno social y familiar de los estudiantes; son algunas de las tantas demandas que necesitamos exigir de una vez por todas, pero que indudablemente este proyecto no contempla; y que sobre eso nuestros dirigentes prefieren olvidar o enarbolarlas cínicamente, para seguir una vez más el trillado camino de las demandas y movilizaciones contenidas que sólo conducen a migajas.
Por mejores condiciones laborales para educar a nuestro pueblo…
Organizarse para Luchar.
GRUPOS ACCION POPULAR
Junio, 2012.
i El posicionamiento inicial del Colegio de Profesores frente al Proyecto de Ley sobre carrera docente se sintetiza en la declaración pública del 2 de marzo de este año. Si bien en el texto se presentan al menos 4 argumentos para oponerse al proyecto de ley (falta de participación en la elaboración del proyecto; Estado no asume rol principal en sistema educativo y formación inicial de profesores; carrera profesional docente sólo aplica al sector municipal; continúa con lógica del mercado educativo), la práctica se ha enfocado en relevar sólo uno de ellos: criticar la falta de participación del magisterio en el proceso de elaboración. De allí que el recurso natural que usó el MINEDUC frente al Colegio de Profesores fue abrir inmediatamente una Mesa Técnica donde “trabajar” en conjunto con la entidad gremial diversos aspectos de la propuesta. La Declaración puede verse en: http://www.colegiodeprofesores.cl/sites/default/files/pdf/departamentos/educacion/DP.carreraDocente.2mar.pdf
ii http://www.camara.cl/pley/pdfpley.aspx?prmID=8382&prmTIPO=INICIATIVA .
iii Los valores mínimos establecidos por hora cronológica trabajada, son: Inicial, $13.636; Preparado, $15.301; Avanzado, $21.637; y Experto, $26.863.
iv Según datos oficiales del año 2011, sólo 647 de un total nacional de 10.471 establecimientos, no recibe subvención estatal alguna. O sea que la norma es aplicable para los profesores que trabajen en el 94% de los colegios que sí reciben aportes estatales.
v El SNED es un sistema que distribuye subvenciones adicionales a los establecimientos según su desempeño.
vi Los profesores, a diario vemos cómo es que los niños y jóvenes expresan en el aula toda la degradación ético-moral que genera el neoliberalismo. El individualismo extremo, las faltas de respeto al otro, y la escasa dedicación al trabajo que gran parte de los estudiantes manifiesta; vuelve aún más difícil nuestra labor. Por lo mismo, es que damos tanta importancia a este aspecto en lo que debería considerarse como un buen docente.
vii Por precarización del rol docente nos referimos a su empobrecimiento en el sentido de convertirlo en un trabajo unilateralmente dirigido hacia desarrollar una instrucción técnica-científica, encerrada en los marcos de lo estrictamente necesario para asegurar la reproducción de la clase trabajadora en el contexto neoliberal, por lo tanto, forzosamente mísero en el mismo conocimiento técnico-científico y totalmente despojado de su dimensión ético-moral, política y cultural.
viii Según datos publicados por el MINEDUC en el anuario estadístico del año 2009, los docentes contratados por 44 horas y más correspondían al 26,3% del total.
