Si bien el proyecto que firmó el Gobierno de Piñera en 2019 congeló las tarifas eléctricas, este no buscó afectar en ningún momento el negocio de las generadoras, sino frenar las protestas masivas que ocurrían a lo largo del país. Lo anterior, dado que el mal llamado “congelamiento”, en realidad era una deuda que se pagaría con intereses en un futuro muy distante.
La aparente dicotomía que tenía el actual gobierno cuando jugaba a ser la oposición del Piñerismo, aquella que lo empujaba a rechazar todos los proyectos de la agenda en ese entonces debido a un “horizonte ideológico” supuestamente incompatible, rápidamente desaparece cuando el cálculo político resulta favorable. Con eso, los mismos que días antes endemoniaban el negocio energético de Chile, firmaron un crédito con las generadoras a nombre de todo el país que les permitió sacar réditos políticos en el momento.
De ahí que jamás hubo un conflicto real de los sectores políticos para aprobar el proyecto, ya que era más cercano a pedir un crédito bancario que a un real congelamiento de precios.
Uno de los asuntos más determinantes era le monto máximo por el cual el pueblo se podía endeudar, porque una vez que se alcanzara el tope (que en un principio era de US$ 1.350 millones), correspondía descongelar inmediatamente las tarifas, lo que terminó ocurriendo durante el gobierno del, en ese entonces, recién electo presidente Boric.
En ese momento el presidente optó por aumentar el monto límite para endeudarse. Sin embargo, no existen indicios que permitan ver una intención de cuestionar el modelo de negocios de la energía, sino más bien vemos un intento por darle continuidad al negocio, protegiendo las inversiones a través de intereses y manteniendo el esquema de financiamiento intacto.
Con todo, lejos de buscar darle estabilidad económica a las familias, el mantener las tarifas congeladas en ese período permitiría sostener un ambiente más estable políticamente en medio de las elecciones constituyentes. Así, lo que verdaderamente determinó qué hacer con el alza no fue un principio altruista o la generosidad de algunos políticos, sino el cálculo político de ver qué era lo que le daba más votos en medio de esa campaña electoral.
Para este gobierno realmente no existe un problema respecto del modelo de negocios de la energía, ni tampoco con las redes de poder que se tejen detrás de estas compañías. En tanto el negocio permita suministrar energía, la permanencia de los privados está asegurada.
La cronología de los cortes: El paso a paso de los desastres
Una de las nociones que se intentó instalar es que no se podía prever la magnitud de la catástrofe. Sin embargo, previo al evento, tanto servicios internacionales meteorológicos como el propio Senapred advertían el volumen de las lluvias que se avecinaba para ese fin de semana. El jueves 1 de agosto, apenas el primer día del temporal ya se reportaban más de 2000 árboles caídos y más de 1.117.000 hogares sin luz.
Después de horas con las familias a oscuras, las generadoras justificaban el desastre en el error ajeno, culpando a la tormenta, al gobierno, a las municipalidades y a cualquiera que le pudiera atribuir un poco de responsabilidad.
El viernes 2 de agosto Enel fue citada por el gobierno para presentar un plan de reposición e informar el volumen real de clientes sin suministro eléctrico. La compañía fue incapaz de dar una estimación real de los hogares afectado, entregando cifras falsas y presentando un plan de reposición sin sustento ni metas reales. Uno de los momentos de mayor indignación fue la mañana del 4 de agosto, en que Enel admitió públicamente que desconocía las fechas en las cuales podría reestablecer los servicios de luz, información que dieron al día siguiente, cuando la población llevaba 4 días sin luz.
Ante esto, diversos municipios hicieron gala de un oportunismo descarado, amenazando a las compañías con demandas colectivas, mientras escondían su propia responsabilidad del profundo abandono en el cual han dejado a los pobladores. Peñaloza, Vodanovic y Carter son solo algunos de los alcaldes que, en una evidente estrategia comunicacional, buscaron alzar su figura usando los problemas del pueblo, sin ofrecer ninguna solución real o concreta frente a un problema de primera necesidad, más allá de demandar la “falta de servicio” hacia los consumidores, solicitando indemnizaciones monetarias por la falta de luz.
Lo más irónico de esto fue justamente que en la misma fecha la SEC multó a Enel con casi US$4 mil millones por incumplir los plazos de reposición producto de los cortes de las lluvias de mayo, misma situación que ocurrió el pasado 10 de septiembre, donde se confirmó los casi US$10 mil millones que deberá pagar la compañía para compensar a los afectados por los cortes de luz ocurridos en 2021. Lo anterior contrasta paradójicamente con las cifras multimillonarias de utilidades que han tenido a lo largo de los años, ya que a Julio de 2024 ENEL Chile S.A. reportó haber ganado más de US$250.824 millones, lo que da cuenta de que aun sabiendo que las catástrofes ocurren, teniendo las condiciones materiales y económicas para elaborar planes de contingencia, este tipo de empresas no hacen nada por prevenir los desastres, asumiendo incluso el costo de las multas como parte del negocio.
Siendo ya el miércoles 7 de agosto, con el tercer plan de reposición fracasado y protestas por parte de los pobladores el gobierno juega una engañosa carta, anunciando el fin de la concesión de Enel si no se cumplía con los mínimos de reposición para el día siguiente. Incluso el propio gobierno italiano se hizo parte del show, comprometiendo a la compañía a la reposición.
Finalmente, la compañía terminó incumpliendo los plazos, manteniendo a pobladores de Lampa, Conchalí y Quilicura sin luz por más de 2 semanas, momento en el que también se logró evidenciar que Enel habría intentado ahorrar costos en la reposición del servicio, disponiendo de una cantidad de cuadrillas abismalmente menor a las que desplegaron otras generadoras en proporción de clientes.1
Y Seguimos… garantizando el Derecho a robar
En toda esta crisis el gobierno se ha limitado a ser un espectador de los problemas que vive el pueblo. Hemos visto como, frente a un sistema altamente lucrativo y monopólico, el gobierno se mantiene aparentemente imparcial, actuando como mediador entre la empresa y los consumidores, respetando los acuerdos abusivos, y parchando situaciones críticas con dineros fiscales, lo que en verdad esconde una férrea protección a la base del negocio, del modelo de financiamiento y de su legitimidad. Ese rol protector, que se encuentra como fundamento troncal de la estrategia política de este gobierno para actuar en estas crisis, es el que permite entender que un servicio estatal de distribución eléctrica no sea más que un voladero de luces, que actores privados sean la base de los proyectos económicos de su programa (como el de pensiones o la estrategia nacional del litio), o que se sostengan millonarios subsidios a empresas para hacer sostenible sus inversiones. De esta forma, la supuesta dicotomía entre el Estado y las empresas que tenía este gobierno con administraciones como la de Piñera, en la práctica se cae por completo, de lo contrario ¿Por qué para las ISAPRES que abiertamente le robaron a los afiliados el Gobierno rebaja casi 2/3 de la deuda y les permite pagar en función de sus utilidades, pero al pueblo no hace siquiera el intento de ayudarlo? En tanto la entrega de subsidios que se está otorgando a algunas familias proviene de la propia recaudación de los trabajadores y se les entrega directamente a las empresas, el Estado no hace más que quitarle dinero al pueblo de diferentes lados para asegurar el pago a las generadoras.
Frente a un pacto que se hizo a costa del pueblo, que buscaba únicamente frenar las manifestaciones de 2019 y que además fue extendido por la pura conveniencia política de este gobierno para no tener malos resultados en sus votaciones, el pueblo debe negarse a respetarlo y cuestionar la supuesta “responsabilidad fiscal” que sólo permite el robo sistemático de los sueldos de la gente.
Para frenar el sistema corrupto e indolente que imponen estos monopolios comerciales, que se enriquecen a costa de la necesidad, lo justo es proscribir la deuda y acabar con el negocio.
1 A modo de ejemplificar, Frontel, empresa distribuidora que opera en el sur del país, dispuso 10 veces más cuadrillas de reposición en proporción a sus clientes que Enel.
