Dos horas y medias de cuenta pública fueron suficientes para resumir la posición del gobierno progresista. Es que a dos años de un gobierno que prometió mejorar la vida de la población, hoy vivimos peor. Y más allá de los asuntos de gestión, el verdadero obstáculo está en la naturaleza misma del progresismo, que viene a portar el mismo proyecto de los que le precedieron –aunque bastante más degradado por la crisis política- con sólo un detalle distinto: recoger discursos y consignas sobre cambio social, movimientos sociales e innovaciones a la europea, para dar la idea de que se trata de algo distinto, cuando su lugar es en la vereda de los empresarios, defendiendo sus intereses a costa de la explotación y empobrecimiento de nuestra gente.
Vivienda: el plan de emergencia donde habitar dignamente no es una prioridad
El famoso Plan de Emergencia Habitacional, lejos de presentar una propuesta concreta pensada en la necesidad de habitar dignamente de las familias pobladoras, solo se limita a aumentar el ritmo de producción de viviendas que ofrece el mercado, sin ofrecer nada distinto a lo que ya se estaba haciendo. Y ni siquiera esto se hace de forma fidedigna, pues el Plan del gobierno se propone construir 260.000 viviendas, cifra que se calcula sobre un déficit supuesto de 552.000 viviendas, pero que en realidad es de 1.800.000 e incluso, sumando otros factores, es de más de 2.000.0001.
Mientras el gobierno se plantea esta meta financiando a privados, estos continúan asegurando sus ganancias a través de la construcción de departamentos pequeños, ahorrando costos en materiales, con proyectos muchas veces alejados de centros urbanos y de acceso al transporte, sin espacios comunes ni áreas verdes, y en caso de considerar mínimamente alguno de estos puntos se traducen en una inflación de precios por especulación inmobiliaria, sin importar si las viviendas construidas podrán ser costeadas por las familias.
Además, estos proyectos, en su mayoría subsidiados, de paso resultan un negocio para los bancos, que acumulan a partir de los créditos, que quedan como la única opción de cubrir la mayoría del costo de las viviendas. A nadie le importa si para los pobladores esto constituye una solución digna, ni cómo queremos vivir y las soluciones para las cuales el progresismo se presenta como continuidad con el modelo no pueden estar más lejos de la aspiración popular de vivir mejor.
Al mismo tiempo, bajo la mañosa idea de la seguridad, se desalojan varios campamentos, a los que no se les da solución alguna, por el contrario, se deja cientos de familias en la calle sin tener un techo en que vivir, empeorando aún más sus condiciones de vida.
En ese contexto, el Plan de Emergencia Habitacional no solo ha fracasado en sus objetivos inmediatos, sino que también perpetúa un sistema habitacional que está a merced del mercado y que lejos de ofrecer soluciones reales e integrales, busca ejecutar el PEH a través de la compra de terrenos que están en manos de privados, concesionando proyectos habitacionales e invirtiendo en los proyectos de las empresas inmobiliarias, lo que termina aumentando la especulación, las viviendas indignas y la existencia de barrios cada vez más periféricos.
En suma, este gobierno, con su falsa política habitacional, guardando un silencio favorable al mercado condena a millones de familias a seguir viviendo en condiciones precarias.
Tras los incendios, Valparaíso en el olvido.
Con mucho pesar, hemos sido vivos testigos de la ineficiencia del Estado tras el incendio de Valparaíso, ocurrido ya hace cuatro meses atrás. La ausencia de planes preventivos y el olvido en que por años han quedado miles de familias que habitan los cerros de la región, sin accesos, grifos, ni proyectos de habitabilidad, fueron los reales gatillantes del terrible suceso que remeció la vida de los pobladores aquel 3 de febrero; 8.000 viviendas destruidas, 153 vecinos perdieron sus vidas, y más de 21 mil pobladores se vieron afectados por el siniestro.
Se creería que a la fecha debiesen haber grandes avances en materia de reconstrucción y ayuda para las familias afectadas. Pero la realidad muestra una vez más la indiferencia e inhumanidad de los poderosos con las vidas de los pobres. Sernapred brilla por su ausencia ante esta emergencia, y las autoridades y los organismos responsables de la reconstrucción ponen en evidencia la inoperancia y la fragmentación con que opera el Estado. Y esto va más allá incluso de la incapacidad política, que es un hecho en un contexto de crisis política, sino que lo definitorio es el verdadero desinterés por hacerse responsable de resolver lo sucedido, sobre todo cuando la respuesta en la misma cuenta pública es “indignarse” con el poco avance en esta materia, como si no fueran los responsables del abandono en que se encuentran los pobladores.
Aunque parezca impensado, el gobierno aún no ha realizado un levantamiento técnico que dé a conocer con precisión la magnitud del desastre, con el objetivo de trazar un plan de trabajo de reconstrucción y apoyo real. A la fecha aún existen familias viviendo en carpas a la espera de una vivienda de emergencia, teniendo que soportar las lluvias y el frío. Aquellos que han recibido sus viviendas de emergencia manifiestan la mala calidad de estas y la imposibilidad de instalarse en algunos sitios.
Una vez más, son los pobladores quienes, ante el olvido de los políticos y empresarios, se han debido organizar para levantar con sus propias manos sus poblaciones, con escasos recursos y sin mucho conocimiento técnico de construcción, sin la esperanza de que el Estado realmente resuelva el problema, siendo una vez más olvidados y sometidos a las mismas condiciones que en un primer momento llevaron a que el incendio ocurriera, poniendo en riesgo nuevamente a las miles de familias que habitan los cerros de Valparaíso. Una vez más los pobladores acumulan una justificada rabia contra el gobierno, que tarde o temprano se manifestará como motor de movilización contra este modelo miserable y despiadado.
La educación en el abandono: de dirigentes estudiantiles a defensores del mercado educacional.
En la educación, la enseñanza escolar se encuentra en medio de un largo traspaso de administración, dejando atrás la gestión municipal para quedar a cargo de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). En este contexto, la gestión de estos últimos años ha evidenciado que los problemas heredados de la administración municipal no han tenido ninguna solución; problemas que el gobierno ha minimizado, situándolos como “excepciones” a un proceso “que es positivo”, pero que en el fondo, hace aguas.
Los liceos se encuentran con profundos problemas de infraestructura y falta de materiales, cuya solución requiere de trámites especialmente burocráticos, para los cuales los marcos de la administración SLEP no representa ningún cambio. Lo anterior se complementa con aspectos académicos deficientes, derivados de una mala planificación curricular, a lo que la administración de los SLEP tampoco ha dado el ancho. Sobre este aspecto, la gestión de los nuevos servicios educativos presenta problemas estructurales, que responden a la falta de planificación territorial y el exceso de burocracia para la administración.
Estos problemas vienen acompañados de escándalos característicos de los últimos años: falta de personal calificado para administrar los servicios, irregularidades en los procesos de contratación de los directivos y mecanismos de participación que nunca llegaron a implementarse.
Paradójicamente, el ministerio de Educación, lejos de hacerse cargo de estos problemas, ha retrasado la ejecución del traspaso 2 años, celebrando las fiscalizaciones que se han realizado y excusándose de estos problemas con la indignante razón de que es un servicio que recién se está comenzando a implementar, siendo los estudiantes y profesores quienes pagan los platos rotos. Sin embargo, más allá de los problemas naturales que puedan darse a partir de un cambio de administración, el diagnóstico de lo que va de la gestión educacional revela que el supuesto proyecto de desmunicipalización sólo agudiza la precariedad de la educación para el estudiante popular y demuestra la continuidad con los gobiernos anteriores.
Por otra parte, si los antes dirigentes estudiantiles y ahora gobierno, criticaban el estado de la educación superior y hablaban de transformaciones estructurales y fin al mercado, hoy se encargan de proteger el negocio educativo, a través del que instituciones privadas usan recursos estales, al mismo tiempo que generan carreras inservibles y mal administradas con tal de mejorar resultados económicos, todo ello en directa relación con un empeoramiento de la educación y una precarización de las condiciones de estudio.
Las universidades estatales, por su parte, desde hace años se enfrentan a un profundo abandono, que las tiene en situaciones deplorables, con el mobiliario roto y su infraestructura cayéndose a pedazos. No hay planes o proyectos, sino sólo la perpetuación del modelo2. Frente a ello, el gobierno se limita a implementar medidas populistas como la condonación del CAE y el aumento de la BAES, antes de enfrentar los problemas de fondo que afectan al sector.
Salud: este sistema solo nos enferma.
En los últimos años, parece que el acceso a la salud no es un tema de gran importancia. No es que el problema no exista, sino que se ha pretendido normalizar el sistema tal como es. Las diversas dificultades que enfrenta la red pública de salud se han acumulado año tras año, y es la mayoría de la población la que asume las consecuencias. Los recursos entregados al sistema público son mínimos en comparación a la cantidad y gravedad de problemas que se deben enfrentar, mientras que la red privada se financia con una gran cantidad de dineros públicos y privados; el gobierno, al igual que los anteriores, no toca en lo más mínimo el modelo actual. Sin ir más lejos, a principios de año se informó de una reducción en los tiempos de espera para cirugías especializadas, pero hace solo unos días salió a la luz que hospitales como el Sótero del Río estaban eliminando masivamente a personas de las listas de espera, demostrando la indiferencia para con la salud de los pobladores.
Aún no comienza el invierno y vemos una vez más cómo el sistema público colapsa, dejando a miles de niños y ancianos en situaciones de alto riesgo, a la vez que en los medios se da a conocer como un espectáculo el caso de la madre que emprendió una larga caminata de 32 días para reunir los recursos para el tratamiento de su pequeño hijo, sin cuestionar en lo más mínimo por qué tuvo que llegar a aquella exposición, a la que ningún poblador ni nadie debiese someterse para pedir salud. Y al final del día, tenemos a Boric y a la ministra de salud, Ximena Aguilera, felicitando a la madre y dando a conocer medidas que van en la línea de seguir financiando a la industria farmacéutica privada.
El perdonazo a las ISAPRES, que recientemente hemos visto en escena, no se aleja de lo que en gobiernos anteriores hiciera la concertación, tomando la vereda de los empresarios cada vez que se presenta un problema y dándole la espalda al pueblo, una vez más, para que sea este el que pague las consecuencias del abuso y explotación de la clase dominante. Bajo un dictamen que permite que las ISAPRES realicen cobros abusivos, serán, en última instancia, los propios afiliados los que terminarán pagando la deuda. Asistimos a otro gobierno de los empresarios, que con un discurso progresista, plagado de simbolismos, intenta ocultar realmente de qué lado se posiciona.
De igual forma, el discurso de “Salud Mental” con que este gobierno se catapultó en el puesto, ha brillado por su ausencia en el país de Latinoamérica con mayor depresión y suicidio juvenil. Cuando las condiciones de explotación de nuestro pueblo son deshumanizantes, y cuando no existen para la juventud proyectos de vida planteados por la sociedad para avanzar hacia una vida mejor, no es extraño que la respuesta sea la depresión. La solución progresista al problema, “más atención psicológica” (mejorar el acceso a salud mental), cuestión que ni siquiera se ha cumplido, resulta desconectada de los problemas que están a la base de ello, los cuales se encuentran mucho más vinculados a la degradación y descomposición de la sociedad, de sus valores y principios, que a la falta de psicólogos.
Seguridad
Mientras el gobierno de Boric se dedica a impulsar planes de fortalecimiento a las policías y los aparatos de inteligencia, y mientras los medios se esfuerzan en criminalizar cada día más la pobreza, en las poblaciones sigue creciendo la sensación de abandono y el temor por el poderoso. El empresario que controla la población, el narcotraficante, sigue operando sin mayores dificultades, entregando coimas a la policía y a funcionarios municipales, burlando la justicia con su poder económico. Los barrios populares son azotados por la drogadicción y la delincuencia que su mano negra provoca, siendo insuficiente cualquier plan del gobierno progresista.
Todos los proyectos en seguridad que la institucionalidad ha levantado apuestan a lo mismo, robustecer los cuerpos de inteligencia policial y el control de las calles, trabajando el problema desde fuera de las poblaciones, dejando de lado la problemática social y cultural que hoy afecta profundamente a nuestro pueblo y en especial a la juventud. Las medidas del gobierno han dejado como encargados de resolver esta problemática a instituciones famosas por sus casos de corrupción y prácticas poco éticas: Carabineros, PDI y el Ejército, entregándoles más recursos, pero sin un control o un seguimiento real de qué es lo que se está haciendo con ellos.
El problema de la delincuencia ha significado, por otro parte, la oportunidad perfecta para criminalizar las luchas sociales y estigmatizar al pueblo pobre (como por ejemplo con la Ley Anti Toma). Desde los medios de comunicación diariamente se construye un discurso encargado de colocar la cruz del delito sobre la población, sin importar que al mismo tiempo ocurran casos de corrupción y robo multimillonarios efectuados por políticos y empresarios (como es el caso de las ISAPRES o el caso fundaciones). Al final del día una toma de terreno es la mayor incivilidad existente y en las portadas del diario los ricos nunca aparecen catalogados como delincuentes.
En la Araucanía represión para el pueblo que lucha
Si en un punto este gobierno y toda su coalición se congraciaban era la causa Mapuche, a día de hoy su actuar no dista mucho de cualquier gobierno anterior, ya sea de la concertación, nueva mayoría o Piñera. Las banderas mapuche y los saludos a la causa de la misma CAM que el mismo Frente Amplio hiciera antes de llegar al poder, fueron dejados atrás para vestir los ropajes de los represores de quienes luchan por una vida digna en la Araucanía.
Desde el aumento a la militarización del territorio Mapuche hasta el encarcelamiento de sus dirigentes históricos, este gobierno, que se disfrazaba con el traje de las luchas sociales, no ha sido más que la continuación de una política represiva hacia el pueblo mapuche que lucha, dejando demostrado en los actos su defensa para la continuación de la usurpación sistemática de los territorios en la Araucanía y al negocio de las grandes empresas forestales.
¿Y qué nos queda al pueblo? La única alternativa es rebelarse y luchar
El progresismo siempre ha estado situado en la misma línea del pacto de los poderosos, diferenciándose en un discurso que levanta reivindicaciones simbólicas, pero que al final del día comparte los intereses estratégicos de la clase dominante: incluirse en la administración del Estado para proteger los intereses del capital nacional e internacional. Es por ello que nunca estará en la vereda del pueblo, ni se movilizará por dar una solución real a nuestros problemas, ni menos aún por una vida mejor, más digna y más humana para el pueblo chileno.
Para el pueblo no es una novedad que los políticos trabajen para los empresarios y se plieguen a sus intereses; la rabia que se acumula y la desconfianza histórica hoy se hace más patente que nunca. Pero sin un pueblo que se una como clase, que se organice, que se plantee las tareas de arrebatar el poder y conducir su destino, es imposible pensar en una vida realmente mejor. Sólo con el pueblo organizado será posible pensar en una nueva sociedad, que guiada por la humanidad y la fraternidad de clase dará luz a una vida nueva.
Hoy es una tarea y un deber popular rebelarse y luchar. Porque una vida más digna y humana sólo es posible cuando el pueblo se organiza, se levanta y construye su propio poder.
Si los pobladores siguen sin un techo donde vivir ¡Rebélate y lucha!
Ante el frío del invierno y el gobierno que nos enferma ¡Rebélate y lucha!
Frente al abandono en la educación ¡Rebélate y lucha!
1 En últimos estudios se ha estimado que el déficit real corresponde a 1.800.000 cifras que no consideran la enorme cantidad de familias que viven en situación de calle, que tienen problemas de asequibilidad (familias que gastan más del 30% de sus ingresos en arriendo o dividendo) o tienen tenencia insegura, hacinamiento, viven de allegados, o incluso carecen de servicios básicos o habitabilidad. Si consideramos todos los elementos mencionados, sin lugar a duda la cifra se dispara sobre los 2 millones, lo que evidencia de mejor manera la realidad de la Crisis Habitacional
2 Incluso en la educación parvularia se evidencia el abandono, permitiendo el avance del nefasto proyecto de Sala Cuna Universal, impulsado por la administración de Piñera sin ninguna contrapropuesta.
