Con tres grandes temas prometidos por Bachelet, la Nueva Mayoría ingreso a la Moneda. A la fecha, la Reforma Tributaria ha sido la más explicitada mediante un proyecto ingresado al Congreso, con la intención de que en la cuenta del 21 de Mayo algo se pueda anunciar como parte del avance de la gestión gubernamental. En educación, todavía parecen haber claroscuros y la idea de cambio constitucional no está dentro de las prioridades para los primeros meses.
No obstante, la incertidumbre con respecto a lo último está latente, tanto dentro como fuera del gobierno. Siendo un aspecto de interés político directo para diversos sectores, que están a la espera de lo que se proponga en el segundo semestre (como lo ha señalado la misma Bachelet), traemos a colación algunos elementos para tener en cuenta sobre el tema.
La reivindicación de cambio constitucional, que antes sólo enarbolaban los sectores marginados de la institucionalidad, se ha puesto de moda desde el 2011 en todas las esquinas de la política. Y es de esperar que los excluidos, aboguen por una puerta que les permita ingresar al establishment, sin embargo, ni el pacto Concertación-PC desdibujó la idea de reformas a la institucionalidad; por el contrario, se incorporó la idea de Asamblea Constituyente en mayor cantidad de sectores, personalidades académicas, actores, ex candidatos presidenciales, movimientos sociales, etc.
Por cierto, nadie en un sano juicio podría estar en contra de cambiar la institucionalidad, pero armar una opinión respecto de este fenómeno, requiere buscar en los argumentos que se esgrimen, una mirada real y fundamentada, que se desempolve de la agitación con que habitualmente se nubla la política chilena.
Acerca del tema, podemos encontrar tres grandes posiciones: en primer lugar la derecha, que no ve la necesidad de cambio, aceptando modificaciones menores dentro del mismo orden constitucional actual. En segundo lugar, aquellos que sostienen que la Constitución es ilegítima por su contenido, argumentando que dejó un Estado cercenado, incapaz de ejercer la política para impulsar reformas, limitado a su rol garante de derechos sociales, dejando al mercado como el rector principal. En otras palabras, la soberanía quedó coartada al dejar las decisiones fuera del interés colectivo. Y en tercer lugar, están los que tipifican a la Constitución actual como “espuria”, apuntando a que su ilegitimidad está dada por la forma en que se generó. Centra su posición en el proceso de gestación, método y en las personas que participaron, que implicaría entonces una Constitución autoritaria y sin representatividad.
No repararemos en la posición que sostiene la derecha, aunque al momento de cambiar la Carta Constitucional, van a concurrir de una u otra forma en la lógica de los consensos. Esto porque, el escenario abierto por los hechos, al menos los nacionales (la agitación política y la presencia de la derecha en el gobierno pasado), puso de moda la reivindicación de cambio, que parece requerido para remozar el sistema, necesidad objetiva (no así reconocida) de lo que han llamado todos como nuevo ciclo político. Por lo tanto, nos detendremos en las argumentaciones de las otras dos posiciones.
Ilegítima por su contenido, nos dicen…
Que la actual Constitución deja un marco tan ampliamente difuso, que no establece con claridad qué entidad se hace cargo de los derechos sociales, amputando al Estado de Chile de esas funciones de manera que su actuar se muestra limitado. Al mismo tiempo, establece los mecanismos para la incorporación de los privados en el desarrollo de la sociedad (vía negocio), por tanto, la ilegitimidad estaría justamente en la determinación de desplazar al Estado como responsable.
La Constitución del 80, tendría un carácter conservador, pues ella misma define las restricciones que dificultan o imposibilitan cualquier alteración, a través de mañosos quórum calificados y enclaves autoritarios en el parlamento, así como el mecanismo electoral que acota la participación a los dos grandes conglomerados. Como si fuera poco, se establece un tribunal constitucional con amplios poderes para ser garante del ordenamiento constitucional.
La dictadura chilena, dejó 7 modernizaciones (Plan Laboral, AFP, Isapres, Municipalización en la educación y la salud, colegios profesionales, etc.), que en conjunto con la constitución del 80, establece un entramado legal e institucional que asfixia toda posibilidad de cambio independiente de quien se encuentre gobernando.
En los hechos se eliminó la educación pública gratuita, se privatizaron los recursos naturales, se encomendó a los privados todo lo relacionado con las comunicaciones, la previsión pasó a ser un negocio de los especuladores, la salud pública vive desfinanciada mientras se levantan edificios para clínicas privadas, etc. Nada de lo anterior está en manos del Estado.
Con los años, la Concertación creó para el Estado, la responsabilidad de supervisar y vigilar los agentes del mercado: empresas por un lado, consumidores por el otro, bajo la promesa de velar que no se produzcan excesos ni abusosi.
Se tendría entonces con un Estado “minimizado”, que frente al desarrollo nacional, “sin el quórum en el parlamento y con una derecha intransigente lo único que ha quedado es perfeccionar lo poco que queda”… eso nos han dicho por más de 20 años.
Lo que no nos dicen…
En la actual Constitución se establecen los mecanismos para que los privados puedan participar, sin embargo, no es explícita en que ellos sean quienes proveen los derechos. Tampoco es explícita en qué derechos deban transarse en el mercado; y aún más, en ninguna parte se le niega al Estado la posibilidad de participar de sus funciones básicas. Si bien, se vive en un escenario mercantilizado mediado por esa Constitución, lo que más ha pesado es la falta de voluntad política por cambiar las reglas de quienes ostentan y ostentaron el poder. Han tenido más de una oportunidad de hacer cambios, entre el 2000 al 2002 con Lagos y del 2006 al 2007 con Bachelet, existió mayoría parlamentaria, sin considerar que en el 2005 Lagos modificó la actual Constitución. Sin embargo, ningún cambio ha sido profundo del sistema heredado.
En este punto habría que ser francos. Todos quienes participaron del conglomerado que se llamaba Concertación, tendrían que responder por lo que les compete. Asumir y mantener la actual Constitución, no sólo ha sido producto de las limitantes allí contenidas, sino de un proyecto de sociedad mercantilizada que se condice con sus gustos. Cuando han tenido oportunidades de impulsar cambios, simplemente no los han realizado porque no les interesa. Si tan solo nos situáramos en la gestión de los últimos gobiernos en materia constitucional, no podríamos haber tenido reformas como las impulsadas por Frei Montalva o Salvador Allende, que aprovechando resquicios y vacíos, buscaron montar sus propuestas y emprender sus proyectos. Lo sucedido posterior a la dictadura, no ha sido la imposibilidad, sino la identificación con un proyecto neoliberal que ha sido abrazado por la derecha y la Concertación.
A propósito de los pilares de Bachelet… un ejemplo: La educación gratuita.
Si leemos la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulgada el último día que Pinochet estuvo cómo dictador, nos podremos dar cuenta de que no establece en ninguna parte que el Estado se desentiende de la educación. Lo que sí dice, es que el responsable de velar por la educación es la familia, lo que se hizo fue sacar al Estado de ese papel explícito, a la vez que establecía el marco legal para la operación de las instituciones privadas en el sector. Lo anterior ha venido acompañado de un deficitario gasto fiscal en educación y de múltiples incentivos para la proliferación de instituciones privadas, casi sin regulación: “Que cada quien haga lo que quiera si encuentra un nicho de mercado”. Estas llegan a recibir cuantiosas sumas de dinero por subvención del Estado y logran altos niveles de ganancia, volviéndose un excelente negocio. La consecuencia por otro lado, es que de a poco la educación estatal, impartida por los municipios, empieza a empeorar, va disminuyendo en calidad y se va empantanando debido a problemas de regulación y financiamiento.
Sin siquiera arrojar propuestas, sólo menciones dentro del actual marco constitucional, si existiese la voluntad de utilizar las herramientas del ejecutivo, perfectamente se podría cambiar la forma de concebir la subvención para garantizar los gastos operacionales de todos los colegios y liceos públicos. Se podrían limitar los recursos que van al sistema privado. Con la actual Constitución se podrían crear instituciones que dependan directamente del Estado para que velen por la calidad, la regulación y el funcionamiento del sistema escolar específicamente en el caso de los municipios. Se podría aumentar la partida presupuestaria, para que todo el sistema educacional chileno (preescolar, escolar, educación superior y post grados) no tenga problemas de financiamiento. Se podría administrar por alguna entidad del estado todos los colegios particulares subvencionados, los institutos profesionales, CFT, como las universidades privadas. Se podría dejar la educación gratis para todos y aumentar la calidad dirigiendo el proceso directamente desde el Estado. Se podrían eliminar los incentivos a los privados que participen de algún modo en la educación. Se podría incorporar un impuesto específico a la educación privada, que ayude al financiamiento de la educación pública. Se podría formar una ciudad de universidades y centros tecnológicos para crear un polo creativo y de emprendimiento como lo hace hoy Ecuador. Todo lo anterior se podría hacer sin alterar la Constitución.
Entonces el problema trasciende la letra escrita y la norma impuesta en la LOCE, más bien pareciera estar situado al lado de la política y de los proyectos de quienes gobiernan. Tendríamos que ser justos y decir claramente que nunca la Concertación habló de educación gratuita, sino de perfeccionar el sistema de préstamos para extender el sistema de subsidios al mundo privado: “teníamos una competencia desleal entre la educación pública y la educación privada”. Habría que reconocer que el PC tampoco pregonó por la educación gratuita. Si alguien se molesta en revisar el programa de la FECH del 2011, encabezada por las JJCC con Camila Vallejo, en ella se profundizaba la idea de arancel diferenciado, criticando la opción de educación gratuita. En el pasado reciente, la Concertación y la derecha han desarrollados líneas que profundizan una concepción mercantil de la educación, incluso cuando se formó la comisión para discutir la LGE (2006), todas las propuestas del gobierno y de los representantes políticos fueron en un sentido contrario a lo que hoy se dice querer hacer. Lo que hoy pareciera ser una punta de lanza del cambio, simplemente no ha sido parte de las intenciones de los partidos políticos, ni de ningún ministerio de educación.
Y así en todo. Si existiera voluntad política, en previsión, se podría crear una entidad, donde el dinero de las cotizaciones se utilice para pagar jubilaciones y los excedentes sean destinados a la construcción de puentes, de poblaciones, de carreteras, como se hacía antes. De esa forma se elimina la especulación y los recursos se usan para impulsar la economía en pos del bien común.
Así podemos seguir con la salud, el plan laboral, la agricultura, las materias primas, etc.; en cada tema se podrían impulsar incitativas en la dirección de un cambio constitucional de hecho, para pasar a un cambio de derecho… eso sí, si existiese voluntad política.
La Constitución Espuria… dicen otros.
La crítica central se funda sobre el proceso de su elaboración. El sustento de esta idea parte de la concepción del Estado, como un producto del desarrollo de la sociedad, del desarrollo de las fuerzas productivas, del desenvolvimiento de la política, de los ritos, el lenguaje común, etc.; es decir, producto de un proceso histórico social. La Constitución sería el punto de llegada donde se cristaliza el consenso social, donde jurídicamente se demarcan los roles y funciones de las personas y las instituciones. Así entonces la formación del Estado sería legítima, si se levanta sobre una raíz histórica que expresa el interés y participación popular.
La actual Constitución tiene su origen en un Estado autoritario (la dictadura), ilegítimo por esencia, condenado por su propio pueblo, sus redactores fueron elegidos a dedo por el dictador, instalada a través de un acto plebiscitario fraudulento; por tanto, es una obra completamente antidemocrática, espuria.
Según esta posición la alternativa es la realización de una Asamblea Constituyente (o varias Asambleas Constituyentes), para sintetizar el sentimiento popular. Se afirma en el supuesto que un proyecto emergerá de la discusión y que éste tendría que ser el pilar de la futura Constitución.
Algunos se han preocupado de desarrollar métodos específicos de participación, procurando entregar mayor o menor masividad para el proceso constituyente, que van desde el cómo realizar la elección de delegados constituyentes, hasta discusiones barriales.
Pero no nos dicen… o se olvida que…
Toda la historia constitucional chilena ha estado marcada por el autoritarismo, y a pesar de esos Estados “ilegítimos”, se ha transitado entre hitos y llamados a asambleas constituyentes, presentes por más de 200 años de historia como nación.
Pero para no quedarse en el solo enunciado, hagamos un poco de memoria:
La primera tensión asociada a la Constitución, se remonta al movimiento ciudadano de 1819 -1825, formado por el sur (Concepción) y por el norte (Coquimbo), llamando a establecer las bases constitucionales de la nueva república y condiciones para el desarrollo nacional, las que no se condecían con la dirección impulsada desde la burguesía mercantil santiaguina. Después de varios levantamientos en contra de O’Higgins, el General Freire toma el mando del país como nuevo director supremo, para impulsar una asamblea constituyente. Los participantes del movimiento eran llamados “vecinos de casa poblada”, entre los que se contaban sólo aquellos que tenían bajo su propiedad algo de tierra. A pesar de muchas dificultades, el movimiento logró desarrollar la Constitución 1828, pero no fue soportada por toda la “red patricia” de ese entonces, lo que produjo el golpe de Estado 1829, encabezado por Portales y el general Prieto, quienes mediante cuota en dinero cobrada a la burguesía santiaguina, lograron hacerse de los recursos necesarios para reunir a una ejército de mercenarios. Freire y los republicanos terminaron de perder el poder en 1829 en lo que se conoce como la batalla de Lircay, que estuvo teñida de mentiras y traición para lograr la victoria. Tras eso, se abrió el periodo conocido como “del garrote”, donde Portales persigue, encarcela y expulsa a todos los disidentes. De esta manera Portales sella el proceso con la Nueva Constitución de 1833, con claras concepciones centralistas y autoritarias, evidentemente privilegiando al patriciado santiaguinoii.
Años más tarde (1850) se conforma un movimiento conocido como la Sociedad de la Igualdad, en medio de un periodo en que se ponía en discusión la concepción de desarrollo y de nación. Allí confluyeron sectores de intelectuales progresistas, artesanos, tipógrafos, trabajadores y algunos campesinos, inclusive se fueron adhiriendo sectores de la oligarquía por su interés en la disputa por el poder. Si bien el movimiento fue una expresión de cooperativismo, de reivindicación social, de participación y la búsqueda de una sociedad más justa, contrario a la idea oficial de país primario exportador y rentista, su evolución así como su derrota, fue rápida. Se levantaron propuestas de gobierno y esbozaron una Constitución para Chile, pero después de varios incidentes y levantamientos militares, la respuesta del Estado no se dejó esperar, persiguiendo, encarcelando y desterrando a sus líderes.
En 1858 otro llamado al cambio constitucional realizado por Vicuña Mackenna, ex participante de la Sociedad de la Igualdad, intentó concretar un movimiento con ideario liberal sin mucho resultado. Se fundó el Club de la Unión y como medio de propagando se editó un periódico cuyo título era Asamblea Constituyente. Y otra vez, a los llamamientos y al alzamiento en armas de sectores liberales, el Estado detuvo y exilió a sus convocantesiii.
Por último podemos pesquisar lo acontecido en 1924, que luego de severas protestas contra Alessandri, concluyeron en un golpe militar para establecer un gobierno transitorio, cuyo objetivo era desarrollar una Asamblea Constituyente. No obstante, para encabezar el proceso fue llamado el mismo Alessandri, quien no dudó en cambiar completamente el carácter del proceso constituyente. Se pasó de la idea de una Asamblea Constituyente masiva, a dos comisiones con personeros designados por él mismo. Finalmente se realizó un plebiscito en el cual se aprobó la nueva constitución con un 60% de abstención.
De los antecedentes históricos podemos concluir al menos los siguientes elementos comunes:
– Las propuestas de cambio constitucional han buscado refundar las nociones de nación y de desarrollo, por lo que induce a pensar que tengan que venir preñadas de un nuevo proyecto de sociedad para el conjunto del país y sus habitantes.
– Para llegar a proponer un cambio constitucional, se recorre un camino fraguado en un debate de ideas programáticas que no tienen lugar en la vieja Constitución. Se trata de un proceso de acumulación que desemboca en un punto de confluencia de diversos sectores.
– Las organizaciones o movimientos, apenas han sentido que tienen un pequeño poder, han pasado de la reivindicación al planteamiento político, buscando respuesta en la misma institucionalidad para impulsar los cambios; y la historia de Chile, muestra que respetando los canales formales y quienes ostentan el poder, las herramientas de cooptación o represión no se han tardado en poner en funcionamiento, para integrarlos con maña o consenso, o bien colocarlos fuera del marco legal.
– Que en los impulsos de cambio constitucional, los sectores populares no han tenido ninguna participación, más bien han sido sectores liberales y del progresismo contemporáneo, junto a sectores de la elite.
– Finalmente, la institucionalidad ha dotado de legitimidad a las Constituciones, generando “eventos” fraudulentos mediados por el autoritarismo más o menos maquillados.
Y ahora en el 2014…
Los sectores de la Nueva Mayoría (y uno que otro de la derecha), ven a la reivindicación de cambio constitucional la posibilidad de darle un cause constitucional y a ellos mismos como los conductores del proceso. Pero si el discurso dice que la actual Constitución es ilegitima, la posibilidad de cambiarla no se podría plantear bajo sus propias normas. Como consecuencia, no se podría realizar con la participación de ninguna institución existente, ni el actual parlamento, ni el ejecutivo, etc. Siguiendo con la lógica, para que se pueda generar un proceso constituyente, la Nueva Mayoría y la derecha, no tendrían ningún tipo de participación asegurado, todo se tendría que redefinir y ellos mismos tendrían que auto limitar sus privilegios, su poder. Por decir lo menos, se intuye muy difícil.
Sólo como indicador de proyectos alternativos, podríamos recordar las últimas elecciones presidenciales. Siendo realistas, ninguna propuesta levantada por los candidatos, establecía un modelo de sociedad diferente. Todas más o menos se encontraban dentro del modelo imperante. A lo más, se criticó al capitalismo con frases comunes. Si de ideas que alteren el actual orden se hablara, tendrían relación con la propiedad, con modelos de desarrollo, con una política hacia las FFAA, una política internacional, etc.; más aún, una concepción ideológica nueva que interprete el bienestar y sentido de una vida justa para los chilenos.
El descontento (poco novedoso en verdad), el “alzamiento social” o lo que algunos abochornados han llamado “el derrumbe del modelo”, ¿lo tendríamos que entender debido al aumento de la participación en las movilizaciones estudiantiles? La pregunta sería, ¿estas movilizaciones, más allá de representar una reivindicación, son una expresión de un proyecto diferente? y si lo fuera, ¿cuál seria?
Los comentaristas del progresismo, al parecer deambulan en sus discursos, ya que no se ven proyectos alternativos en disputa, ni modos de entender la vida diferente a lo que hoy vivimos. Tampoco se ven organizaciones, ni sociales, ni políticas, que se encuentren en condiciones de establecer un marco de tensión contra el poder existente, ni siquiera para dar un testimonio como lo intentó alguna de las candidaturas alternativas.
A falta de proyectos y de organización popular, el lema de “todos unidos” por el cambio constitucional y por la Asamblea Constituyente, pareciera ser útil a la Nueva Mayoría como punto para aglutinar a sus díscolos y sumar a dispersos. El cambio constitucional podría llegar a ser lo que logre llenar el vacío político producido por la falta de un proyecto explícito de la coalición. Convocar primero con manga ancha para que “todos entren”, para que después venga lo que se conoce como el “descreme”.
No hay que caer en ingenuidades, según lo que se entiende por lo enunciado por Bachelet, la Nueva Mayoría ya tendría un camino para el proceso constituyente y su ejecución, se realizaría en el parlamento. Sólo faltaría evaluar algún nivel de participación extra.
No sería extraño que al final del proceso se arroparán con argumentos que plantearan que: “No se cuenta con las correlaciones de fuerzas al interior del parlamento para hacer cambios e impulsar las propuestas”. Sin mediar en pudor, el presidente de la DC, ya dijo en El Mercurio, que “sin importar la cantidad de votos en el parlamento, es necesario mantener el consenso con la derecha”, dejando en claro que en pos de la estabilidad política, el consenso con la derecha es primordial.
Dentro del amplio y disperso movimiento por la AC, hay quienes intentan impulsar un proceso participativo. Nos convocarán a asambleas, a reuniones, etc., para desarrollar una constituyente por fuera de la convocatoria institucional. Inevitablemente estos esfuerzos serán absorbidos por el aparataje institucional, y lo único que se podrá, será aportar a la legitimidad del proceso oficial, aunque quienes participen lo hagan de forma honesta y en desacuerdo con el proceso conducido por la institución.
Otros, los menos, nos plantean la posibilidad de desbordar desde “afuera”, como si existieran condiciones en el movimiento popular para darle sustento. En realidad, a ellos lo que podríamos recordarles, es que el análisis del estado del movimiento popular aún no da para un desborde institucional, que no se cuentan con fuerzas, ni con proyectos de sociedad diferente. Ahora, si contáramos con esa fuerza para desbordar la institucionalidad, ¿no estaríamos en frente a un proceso revolucionario?, o es que frente a ese escenario, ¿cederíamos, transando el protagonismo radical del pueblo? Pareciera que tareas del cambio social no tienen atajo y que aún queda bastante por hacer.
Abril, 2014.
GRUPOS ACCION POPULAR.
i El actual Estado como mediador de conflictos, es fuertemente cuestionable si analizamos el caso de la Universidad del Mar.
ii Este patriciado nacional, ya en ese entonces, estaba fuertemente comprometido con el capital extranjero y se estableció como rentista con una clara noción extractiva de nuestros recursos naturales.
iii Vale decir que después del destierro, Vicuña Mackenna se incorporó activamente a la política, cuya carrera política tuvo un claro giro hacia el sector conservador.
