Uno de los principales escándalos educativos de los últimos tiempos ha sido el sueldo millonario que recibió Marcela Cubillos como docente en la Universidad San Sebastián. En principio, nada debería justificar que un académico reciba un sueldo superior al de muchos rectores o directores de empresas, pero el hecho de que esta sea una persona sin mucho más mérito que su carrera política, que no ha realizado publicaciones académicas y que carece de un desempeño docente siquiera destacable, evidencia que detrás de los 17 millones de su sueldo se encuentra un pago de favores o acuerdos realizados dentro de su esfera de influencias o durante su estancia en el gobierno.
Para nadie es sorpresa que la USS es propiedad de un particular grupo de la Derecha, donde se encuentran apernados los rostros más destacados del gobierno de Piñera. Hasta antes de que estallara el caso de Hermosilla y el escándalo de Cubillos, además de la exministra se encontraban ejerciendo cargos importantes figuras de ese bloque como Sebastián Sichel, Ángela Vivanco, Manuel Guerra, Andrés Chadwick, etc. Desde sus inicios, con el cuestionable esquema de sociedades que había detrás de su estructura corporativa, su directiva e incluso los tratos directos multimillonarios que se celebraban con el gobierno Piñera, la Universidad San Sebastián se formó para desarrollar un elaborado lavado de dineros y robar recursos del Estado para financiar sus proyectos personales, con la excusa de funcionar como una institución de educación superior1.
A raíz del hecho, varias figuras del espectro político oficialista llamaron a denunciar esto como un caso de favores políticos exclusivo de la oposición, sin considerar que se les descubriría usando la misma herramienta en la Universidad de la Frontera con la administración del Frente Amplio. Varios políticos tuvieron que esconder sus propios dichos cuando se descubrieron los sueldos estratosféricos de 20 o hasta 30 millones de pesos de ciertos académicos en medio de la fuerte crisis financiera que enfrenta la Universidad.
El hecho de que existan grupos que puedan extraer fácilmente recursos que deberían estar destinados al desarrollo de la educación es una expresión clara del avance que el mercado ha tenido a lo largo de los años en esta área, moldeando un sistema de Educación Superior en torno a la idea del lucro y del conocimiento como un bien de consumo. El hecho de que políticos del Frente Amplio le bajen el perfil a este escándalo es precisamente una muestra de ello. Al poner de ejemplo y escandalizar casos como el de la Universidad Mayor, donde abiertamente se infringió la ley creando una universidad ficticia para desviar fondos estatales, se plantea la idea de que existe una forma “ética” de lucrar con la educación. Sin embargo, esta pseudo ética se limita a alegar sobre el funcionamiento de los mecanismos de fiscalización, sin importar si un negocio tan lucrativo como el de la Universidad Nexus, que se roba descaradamente alrededor de 7 mil millones pesos y paga una multa de apenas 500 millones de pesos chilenos, lo que no representa ni el 8% de las ganancias. Negocio redondo para el empresario.
Lo cierto es que desde hace años el empresario de la educación ha logrado perfeccionar su negocio con políticas de certificación y validación de bajos estándares que les permite a sus instituciones acceder a los programas estatales de financiamiento, investigación y desarrollo, con el cual muchas instituciones cubren casi el 50% del total de sus ingresos. Con esto también han logrado legitimarse bajo un aparente velo de calidad educativa que obtienen con las acreditaciones, permitiendo que estos actores se muestren como una opción atractiva y costeable para los estudiantes, quienes buscan superar sus condiciones materiales con una profesión, resultando engañados al entrar y ver el panorama de precariedad educativa donde las instituciones precarizan las condiciones de estudio en pos de obtener mayores ganancias. A partir de esto se explica que existan situaciones tan precarias dentro de la educación, como edificios que se caen a pedazos por la falta de mantención, cierre de casinos, saturación de matrícula y baja oferta de profesores.
Todo esto llega incluso al extremo de volver inútiles ciertas carreras, cercenando contenidos a través de reformas a la malla, para pasarlos a diplomados o magísters por los cuales los estudiantes tengan que pagar para acceder, forzando la aprobación de estudiantes para alcanzar el estándar de acreditación, sin importar la calidad de profesionales que resulten de estas prácticas. Al final, para el mercado no es importante que la gente se eduque, sino ganar cada vez más y más.
En todo este panorama, el abandono de la educación es evidente. La falta de apoyo a las Universidades públicas las ha sumido en una carrera por la rentabilidad y la captación de estudiantes que las ha hecho actuar exactamente como un actor más del mercado, adoptando las mismas prácticas que sus pares privados, ahorrando recursos y precarizando el conocimiento. Sólo a modo de ejemplo, el 2023 la Universidad San Sebastián tuvo ingresos estatales o avalados por el Estado equivalente al 45,2% del total de sus ingresos, mientras que la Universidad de Chile recibió sólo el 42,1%.
Bajo toda esta carrera por la rentabilidad y las ganancias, los estudiantes se enfrentan a edificios que se llueven en invierno, a la falta de bibliotecas donde estudiar o de casinos donde comer, a la falta de salubridad o a simplemente tener que enfrentarse a sus compañeros por un cupo en los ramos que no dan abasto para todos. Estos son los mismos que al finalizar sus carreras se encuentran con títulos que no valen nada producto de los recortes de malla y de la baja calidad de su educación, frente a lo cual la universidad se asegura un nuevo nicho de negocio ofreciendo diplomados y magíster.
El gobierno, ese que alegaba ser vocero del movimiento estudiantil durante el 2011, no ha hecho más que administrar este mercado para que sea estable y se aseguren las ganancias. ¿De qué otra forma se le pueden llamar a las medidas que se han adoptado? Aumentar la BAES de forma mediocre sin tocar el asunto de la alimentación, o proponer un proyecto como el FES que le asegura el negocio a la Banca y los ingresos a las privadas sin cuestionar la educación que estos imparten, lo único que demuestra es que el proyecto educativo que este gobierno vino a proponer y a defender es el del mercado.
Al estudiante que vive esta injusticia, que sufre las malas condiciones de la educación y la baja calidad de su formación, que ve día a día el abandono en el cual se encuentran sus compañeros y la educación de Chile, nuestro llamado es a rebelarse y organizar a la masa estudiantil para frenar ese sistema de abuso contra el Pueblo.
Frente al negocio de la educación, los estudiantes construyen el camino de la revolución.
1 Sobre esto, resulta pertinente destacar que, según fue denunciado en la demanda de la Universidad de Chile contra la USS, la constructora del terreno en Pío Nono y la USS pertenecían a la misma sociedad, lo que implicaba que se cobraran arriendos altísimos, desviando gran parte de las utilidades a empresas que no se encuentran bajo fiscalización del Mineduc. También es importante destacar el rol que han tenido figuras como Chadwick y Cubillos en los tratos con el gobierno, ya que durante la pandemia se celebraron acuerdos directos por más de $1.479 millones que beneficiaron exclusivamente a esa institución.
