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Caso convenios: La putrefacción del Frente Amplio y la política

Desde los años 90, la estructura de la administración pública ha venido incorporando instituciones privadas para encargarse de la labor más técnica que realizaba el Estado. Quienes han asumido el rol protagónico para llevar a cabo este cambio son las fundaciones y los Centros de Estudio. En ese entonces, se tenía registro de alrededor de 13.000 instituciones de este tipo y su concepto era más cercano a la figura de las organizaciones de la sociedad civil como sindicatos, juntas de vecinos o clubes deportivos, por lo que la cantidad exacta no resulta clara. En cambio, hoy han crecido de tal modo que existen 38.280 fundaciones o asociaciones activas.

Cuando nos referimos a las fundaciones estamos hablando de instituciones con personalidad jurídica de giro único con patrimonio propio. Se caracterizan por “no tener fines de lucro” y tener un interés social o desarrollar proyectos para las comunidades, los que anteriormente eran realizados por el Estado. Un claro ejemplo de esto son los proyectos habitacionales, que son concesionados/asignados a las fundaciones para que los ejecuten. Así, los Servicios de Vivienda y Urbanismo, que anteriormente se dedicaban a la construcción, se limitan a fiscalizar los proyectos.

En este contexto, el 3 de octubre de 2022 se firmó el primer convenio del Seremi de Vivienda y Urbanismo (Serviu) en Antofagasta con la Fundación Democracia Viva por un total de $200 millones. Más tarde, el 27 de ese mismo mes se autorizó otra transferencia por $170 millones, para luego coronar con otros $56 millones transferidos el 19 de diciembre. Paralelamente, entre octubre y diciembre de ese mismo año, la fundación Urbanismo Social recibió transferencias desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Maule por un monto total de $577 millones.

¿Qué relación tienen entre sí?

Junto con los casos de Andrea Gutiérrez, Alejandra Jiménez y Camila Polizzi, configuran el destape de todo lo que hoy conocemos como el “Caso Convenios”. Una serie de fundaciones y ONG’s ligadas a militantes de todos los sectores políticos a las que se l es entregaron millonarios convenios en condiciones irregulares y sin fiscalización.

En total, actualmente son 37 las fundaciones que están involucradas en el caso convenios, que comprende más de $15 mil millones entregados de forma irregular. Que el dinero cedido originalmente era para crear infraestructura básica de campamentos o viviendas sociales es polémico. Quizá lo es aún más el que parte del dinero recibido fuese destinado a pagar cuantiosas cenas y lencería de moda, o que altas autoridades de gobierno prefirieron callar estos hechos antes que denunciarlos (como es el caso de Tatiana Rojas y Carlos Montes), pero esto solo es la punta de un iceberg enorme.

Los casos recientemente descubiertos dan cuenta de un verdadero sistema para extraer dinero del Estado a través de estas supuestas organizaciones sin fines de lucro, el cual ha venido operando probablemente desde hace muchas décadas.

El mecanismo con el que operan es el siguiente. Primero, las autoridades de grandes organismos gubernamentales como Seremis o Ministerios utilizan su influencia para facilitar contratos y convenios con ciertas fundaciones o instituciones que se hacen llamar sin fines de lucro, bajo el manto de la implementación de un proyecto social del cual dicha fundación se hará cargo. Luego, se busca realizar estos contratos mediante la figura del “trato directo”, que no requiere de concursos públicos para asignarse, por lo que deja fuera a cualquier otro posible oferente más apto o económico, así como también le quita rigurosidad al proceso de contratación, de forma en que la autoridad pueda escoger a dedo a las fundaciones que este decida, las que, en mayor o menor medida, están relacionadas de alguna manera a la autoridad o a su patrimonio cercano. Finalmente, una vez celebrados los contratos, las fundaciones comienzan a justificar gastos inexistentes o excesivos mediante boletas y otros diversos documentos, para tener acceso a los fondos públicos de forma libre y así desviarlos hacia sus cuentas personales o empresas relacionadas.

Esto último se complementa con la orientación escasa o nula fiscalización que se realiza de estos trabajos, lo que en síntesis tiene como consecuencia que se permita y repita la celebración de contratos o convenios con fundaciones sin ningún tipo de propuesta técnica más que la de “ayudar al prójimo”, o incluso instituciones sin ningún tipo de experiencia o historial, llegando al ridículo de celebrar contratos con fundaciones creadas días antes.

3. La putrefacción de la política a manos del robo descarado

¿Qué diferencia existe entre estos hechos y los viajes millonarios al extranjero que le financia la Municipalidad de Chol Chol a su Alcalde y gabinete? ¿O hacia casos más grandes como los de Corpesca, Penta y SQM? A los nuevos rostros de la política, estos que daban ese aire de renovación y legitimidad a la institucionalidad, su poca experiencia les pasó la cuenta. No existe una diferencia sustancial en el fondo, ya que elaborar mecanismos para desfalcar al Estado sin importar a quien se esté perjudicando y desconocer un proyecto de sociedad, es un factor común que está presente en todos los espacios de la política actual.

Para entender por qué la política queda reducida a un negocio, no basta con hablar de mera “corrupción”, ni de voluntades individuales o discursos moralines. Se trata de un fenómeno más profundo que responde al lugar que ocupa actualmente la política dentro de la reproducción del modelo. Son los mismos dueños del modelo han situado a la política bajo la mesa, haciéndola irrelevante, lo que combinado con una putrefacción ideológica inducida por el neoliberalismo permite explicar la forma en que el aparato estatal es depredado como si se tratara de una empresa más. Esta combinación de elementos político-ideológicos que caracterizan al período que actualmente atraviesa nuestro país es lo que permite que se desarrollen estos negocios sin mayores problemas.

En concreto, el inicio de dicho proceso se sitúa con el ‘retorno a la democracia’, que bajo las condiciones de una nueva alianza del poder por la mantención del capitalismo (bajo la forma del modelo neoliberal) restringió al máximo el desarrollo de la política y del aparato mismo, para dejar el protagonismo al mercado como regulador de todas las relaciones sociales. Este se ejecutó a través de la mercantilización de la salud, la educación, la vivienda, las pensiones, las carreteras y hasta aspectos tan básicos como el agua y la luz1.

De esta forma, cuando todo queda en manos de los privados cabe preguntarse ¿a qué se dedica el Estado? Por lo general, a la entrega de bonos, de subsidios y a la generación de políticas públicas que siguen la misma lógica, porque todo su diseño y ejecución está mediado por la misma lógica de compra y venta de servicios en el mercado.

Esto se entiende mejor cuando consideramos que la tercerización del trabajo del gobierno y de los partidos políticos mediante las fundaciones va vaciando progresivamente a estos sectores de la producción de un contenido y trabajo propio, lo que conlleva una degeneración de las capacidades operativas de estos sectores de forma transversal. No se trata solo de que la ejecución de los proyectos queda externalizada, sino que los organismos gubernamentales ni siquiera participan hoy de la planificación, ya que, con la proliferación de concursos públicos, los privados también asumen la tarea de pensar, por ejemplo, el tipo de viviendas que se construyen, las necesidades a las que debe responder y el segmento de la población al que busca llegar, mientras que el Estado se limita a aceptar o rechazar las propuestas. Bajo ese marco puede entenderse, en primera instancia, el estrechamiento del debate político que se centra en los detalles para una administración técnica del modelo neoliberal, sin cuestionamientos reales al mismo y tercerizando su ejecución.

El fenómeno de los Think tanks: otra forma de tercerizar

La tercerización de las estructuras partidarias sin embargo, no se da solo desde el punto de vista del trabajo material o de la ejecución de los proyectos, sino también desde la arista del pensamiento. Existen una serie de instituciones, fundaciones u ONGs que destacan por tener una labor similar a lo ya mencionado, pero orientadas hacia la dimensión del intelectual del proyecto delmodelo, denominados como Centros de Pensamiento o “Think tanks”.

Este fenómeno se ha ido instalando en nuestro país desde fines de la década de los 70, con la aparición de los primeros centros de pensamiento como CIEPLAN o CEP, y responde a un modelo que se venía reproduciendo a nivel global, en el que se crean instituciones que asumen la labor de pensar la sociedad, que tradicionalmente se alojaba en las universidades. Estas instituciones se dedican a la reflexión, a elaborar ideas relacionadas con política, economía, cultura, tecnología, etc. Sin embargo, su producto se distingue del trabajo académico por tener un énfasis en la producción de un conocimiento práctico, orientado a la incidencia en las políticas públicas, pues lo que buscan es justificar ciertas decisiones o valores a través de sus estudios para que estas tomen mayor fuerza en el debate público.

Sobre esta base, existen a lo menos 5 tipos de Think tanks que pueden diferenciarse, pero 2 de estos resultan de particular interés:

  • Los Centros militantes, que combinan una fuerte carga ideológica y partidista, con un poderoso aparato publicitario destinado a influir en el debate público. Más que generar investigación original, estas instituciones adoptan ciertos temas anclas y aprovechan resultados de investigaciones existentes. Su interés es hacer accesible tales resultados a quienes toman las decisiones en el gobierno a través de documentos breves y de fácil lectura. También se interesan mucho en los medios de comunicación y en poder instalar temas definidos como de “interés público”, y centran su atención en la denominada “Guerra de ideas”.
  • Los Think Tanks de partidos, que se estructuran en torno a los partidos políticos y siguen una corriente ideológica pero sin militancia política específica o explícita, siendo su trabajo dotarlos de discurso político. Una pequeña parte de su financiamiento está dedicada a su labor de Think Tanks, aunque generalmente constituyen poderosos laboratorios de ideas, pues trabajan directamente con las elites partidarias, los ministerios y los representantes elegidos.

Con estos objetivos, los Centros de Pensamiento se han caracterizado por ejercer activamente el lobby y participar de la “política de influencias” para instalar ciertos temas o ideas en la palestra. Ello también implica que su conformación incorpore equipos de trabajo sin escrúpulos, generalmente profesionales de perfil no académico.

Por un lado, esto tiene como consecuencia que se genere un verdadero “mercado de ideas”, donde las decisiones del país sean tomadas en base a la cantidad de estudios que cada idea tenga tras de sí, alejándose completamente de proyectos transformadores o de ideas innovadoras, para centrarse en “qué tan eficiente y rentable resulta aplicar esta idea”.

Por otro lado, estos centros de pensamiento contribuyen a vaciar a los sectores políticos de debates o de discusiones profundas, ya que se terceriza este trabajo hacia estas fundaciones, otorgándoles a los partidos los productos digeridos de las discusiones e investigaciones. Es decir, hacen desaparecer a esa figura política que era capaz y competente en la discusión de varias materias gracias a su estudio personal y el debate interno al que se sometía, para dar paso a una precariedad en la generación de conocimiento profundo y las posturas que se debaten, las que se adoptan bajo fundamentos simplistas y poco desarrollados que proveen los Think tanks. Podemos decir que estos espacios “se dedican a pensar, no a militar”, lo que en definitiva decanta en que si bien los investigadores son capaces de plantear ideas polémicas o de alto impacto social, ni siquiera ellos mismos están comprometidos con el proyecto social que impulsa el partido que los financia.

Esta práctica ha calado en lo hondo de todos los sectores políticos del país, a tal punto que no solo podemos identificar a los Centros de Pensamiento fácilmente, sino que también podemos clasificar su “línea editorial”, bajo categorías bien delimitadas:

  • Primero, dentro del ala conservadora de la sociedad, tenemos a organizaciones como Centro de Estudios Públicos (CEP), Instituto Libertad y Desarrollo (ILD), Instituto Libertad, Fundación Jaime Guzmán, Fundación Paz Ciudadana y Fundación Futuro.
  • Además de lo anterior, por el área liberal socialcristiana, tenemos a organizaciones como CIEPLAN, Fundación Justicia y Democracia, Centro de Estudios del Desarrollo (CED), Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), Corporación Tiempo 2000, Fundación Frei e Instituto Jorge Ahumada.
  • Por último, dentro del ala liberal progresista, tenemos a organizaciones como Chile 21, Corporación Expansiva, Proyect América y Democracia y Desarrollo

Lo anterior, además de evidenciar la falta de oportunidades que una persona o grupo tiene de influir en la política frente a este “asedio intelectual”, muestra una marginación de la discusión política y del debate de ideas, que queda depositada en estos centros y alejada de la masa.

Con esto, la política se vacía al máximo de contenido y representación social, lo que permite que esta se encierre en discusiones menores detalles para implementar este modelo. Así, no debe extrañarnos que este estrecho margen en que se mueven las nuevas fuerzas empobrezca cualquier discusión sobre horizontes políticos, llegando a caer en discusiones tan bajas como en 2017, cuando Ossandón y Felipe Kast, en pleno debate de precandidatos de primaria, terminaron discutiendo “quién tenía más contenta a su señora”.

Las consecuencias de la putrefacción

De esa forma, la debacle ideológica transforma la estructura política en una cáscara que se autorreproduce, porque no solo dificulta maniobrar políticamente frente al malestar social, sino que también conlleva la dificultad de reproducir el propio, como ha quedado en evidencia durante los últimos años. En este plano, la consecuencia es la despolitización transversal, tanto del pueblo como de los mismos sectores de la clase dominante que administran el modelo, porque el aparato mismo ha quedado reducido a un rol de reproducción sin los elementos políticos de peso para dar curso a salidas que permitan levantar el modelo, renovarle aspectos o disputar salidas tácticas para darle curso por otras décadas al mismo acuerdo estratégico.

Este último asunto, el acuerdo en torno a un modelo, constituye una tendencia mundial y el progresismo es su expresión más clara en estos tiempos. En palabras simples, se trata de asumir como único futuro el capitalismo y renovar los discursos en torno al mismo para hacer aparecer supuestos cambios que están en un plano “cultural” o “identitario”, pero que no remueven nada de la estructura económico-social a la base del mismo. Es decir, se trata de una renovación discursiva del capitalismo cuando este entra en ciclos de agotamiento o de deslegitimación.

Junto a este retroceso del papel de la política en la reproducción del modelo se encuentra el engrosamiento de la dimensión económica y cómo se entrelaza con la sociedad chilena. La introducción extrema del mercado como producto de una tendencia internacional y como un modelo de vida tiene consecuencias directas en la reproducción de antivalores. De ahí que la misma corrupción no sea, como lo dijo el Contralor Jorge Bermúdez “un virus que aparece en todos los sistemas”, sino un producto de esta sociedad específica, donde comprarse ropa en H&M supone una prioridad por sobre la resolución de necesidades tan básicas como la vivienda. Es la propia putrefacción inducida por el modelo que sostienen la que devuelve imágenes tan decadentes como las que ha tocado presenciar durante los últimos dos meses.

De esta forma, la despolitización extrema y la introducción del mercado y el consumo como elementos de valorización social, son la base para que la política se instale como el lugar para “apitutarse” y construir un negocio, ya sea personal o directamente empresarial. Y quién más adecuado para ello que las generaciones que han sido fraguadas por todo este escenario, donde los valores sociales no alcanzan ni para el mínimo de conciencia que les permita distinguir prioridades entre resolver necesidades básicas en los campamentos y las poblaciones, y comprarse ropa en los malls o pedir comida de restaurantes. De esta forma, la combinación que resulta de dejar en segundo plano la política en la reproducción del modelo y extremar al máximo el elemento de la economía de consumo, es que la política se ha transformado en una oportunidad más de negocio, en este caso para jóvenes profesionales.

El personaje principal de esta novela ha sido el progresismo. No es casualidad, representa y es producto de esta putrefacción ideológica y política que está en el corazón mismo del modelo. Para el progresismo la política se hace vía online y usando a las capas profesionales y a parte de la masa popular como moneda de cambio para aparecer en el escenario político, como es el caso de Vallejo, Jackson y el mismo Boric, entre tantos otros.

Ese manoseo de la política, aun cuando no es nuevo, toma ribetes mucho más decadentes hoy en día, pues se mantiene despolitizado al pueblo para beneficios individuales, bajo un discurso de cambio y de colectividad social. Así es como el progresismo ha crecido de la mano de un aprovechamiento de los discursos sobre las “minorías” y las “identidades” de todo tipo como trampolín político. Si ayer utilizaron a la masa para acceder al poder, hoy la utilizan para mantenerse en él.

Hoy todo el espectro político sale a criticar al Frente Amplio por los casos de robo a través de las fundaciones, blanqueando su imagen como si no estuviese igual de podrida. No sólo se han aprovechado del negocio en que se ha transformado la política, sino que son quienes han creado los propios cimientos de este negocio, al momento de dejar la política bajo la mesa para mantener la gobernabilidad, al insuflar al máximo el mercado para resolver las necesidades sociales y al instalar a fundaciones y OTEC como organizaciones privadas que venden servicios al Estado. Los que hace unas semanas se calzan el chaleco de defensores de la moral, son los responsables de esa putrefacción.

Por eso, cuando los políticos roban plata la solución no pasa por nuevas medidas de control ni administración, tampoco porque el FA salga, una vez más y de una forma que ya da vergüenza ajena, a pedir perdón, ni porque las fuerzas políticas sigan sacándose unas a otras los trapos al sol. Frente a un problema que deriva del corazón mismo del modelo, de lo que este promueve como válido, la única alternativa es la revolución, es una nueva sociedad donde los protagonistas sean los trabajadores, donde no exista la explotación y donde el centro de la vida sea la dignidad y el desarrollo pleno del ser humano.

Ante robos, engaños y promesas de los políticos a nuestra gente

¡Basta de esperar! Lo justo es no votar y protestar

1 Esto fue ocurriendo con la paulatina pero sostenida privatización de los actores que participaban en estos campos. En este período es cuando ocurre el surgimiento de la mayoría de clínicas, ISAPRES, Universidades, Constructoras, Aseguradoras y Concesionarias, todas bajo el rótulo de empresas del sector privado.