En los últimos años, el litio se ha transformado en un mineral estratégico a nivel mundial, gracias al crecimiento exponencial de la demanda de baterías de iones de litio que se utilizan para fabricar autos eléctricos y para el almacenamiento de energías renovables. El asunto es especialmente importante para Chile y América Latina, ya que aquí se encuentra la zona con mayor concentración de mineral de lito, que contiene alrededor de un 60% de mineral a nivel mundial dentro de lo que se conoce como “el triángulo del litio”, una zona ubicada en parte del territorio de Chile, Argentina y Bolivia.
En el contexto de la transición energética global, las principales potencias económicas han creado una verdadera guerra por tener el control de esta zona. China, por una parte, ha incluido al litio dentro de su plan nacional de recursos naturales, lo que ha significado inversiones multimillonarias en la región, junto con la compra agresiva de terrenos, permisos y compañías en los 3 países. Cabe destacar que sólo en Chile ya han invertido más de 4 mil millones de dólares en la industria, sin considerar los proyectos anunciados en 2023 y 2024. Por otro lado, Estados Unidos posee la segunda empresa más grande de Litio en Chile, y aunque están muy por debajo de la inversión China, la comandante del comando sur de Estados Unidos ha declarado en numerosas ocasiones que esta zona es crítica para su seguridad nacional y que buscarán aumentar su control en los próximos años. El interés por el mineral es tan grande, que la casa blanca estima que la demanda del Litio podría subir hasta en un 4000% en 2040.
A nivel local, pese a que en Chile el litio es de propiedad estatal desde hace más de 50 años, existen 4 grandes mineras privadas que controlan la industria: Soquimich (Chile), que es la mayor exportadora de litio y explota la mayor parte del salar de Atacama; Talison (Australia), que posee un proyecto de exploración en la zona de los 7 salares; Tianqi (China), que posee el 24% de las acciones de SQM y el 51% de las acciones de Talison; y Albemarle (EEUU), que es la segunda exportadora de litio más grande del salar de Atacama y posee el 49% de las acciones de Talison.
La insoportable liviandad del proyecto progresista
Pese a la creciente demanda, y las estrategias elaboradas por los países vecinos (especialmente Bolivia), durante los últimos 30 años, la explotación de los yacimientos de litio ha permanecido prácticamente olvidada en las manos de los privados. El actual gobierno, por su parte, en los últimos años ha intentado ejecutar lo que denominaron como “estrategia nacional del litio”, buscando tener presencia estatal en las empresas que se dediquen a extraer el mineral. A través de la creación de empresas mixtas, se espera que el Estado obtenga una mayor recaudación por la extracción de litio gracias a la calidad de accionista mayoritario que tendría dentro de estas empresas. La propuesta de Boric también promete un desarrollo de las tecnologías chilenas y una incorporación del proceso productivo a las empresas locales, junto con la creación de un instituto tecnológico y de investigación público del litio.
Cuando escarbamos un poco en la estrategia nos encontramos simplemente con un vacío. No existe una hoja de ruta, pues se habla de chilenizar el mineral, pero nunca de cuándo ni cómo hacerlo. Tampoco se explica de qué forma se creará la masa de profesionales que va a sostener esta producción, ni de dónde se obtendrá el conocimiento para generar procesos de extracción y refinería productivos y eficientes, como los aplicados por los privados en estos últimos años. Pareciera que al gobierno le importan más las frases grandilocuentes que los planes reales. Ejemplo de ello es que se habla de una incorporación productiva de las empresas locales, pero no se plantea qué se hará el mineral. ¿Se busca crear una empresa de refinería? ¿una fábrica que utilice litio? ¿O simplemente basta con que estos negocios, aun siendo privados, se radiquen dentro del país?
Antes de que el gobierno presentara un plan real sobre cómo utilizar el litio, una empresa china decidió instalar la producción de baterías en territorio chileno. Con una inversión de 250 millones de dólares, Tsingshan no solo demuestra que la estrategia del gobierno se moldea en función de lo que dicten los privados, sino también las intenciones claras que tiene la potencia extranjera por adueñarse de todos y cada uno de los eslabones productivos del mineral. China traslada la fabricación de materiales catódicos a territorio chileno, asumiendo el “costo” que ello significa, lo que desde un punto de vista estratégico no supone problema alguno para los asiáticos, ya que el control y la dirección de la compañía seguirá en sus manos, asegurando de paso una cuota de la producción del litio chileno para China.
Para el gobierno, esta inversión abre más problemas que soluciones ¿Quién será realmente el que maneje la empresa? ¿De dónde saldrán los profesionales que manejen esa producción? Eso queda a la suerte de quién tenga más poder de negociación, y para un país que no tiene capacidad técnica ni profesional formada, decir que el litio será para Chile es demagogia.
En consecuencia, la creación del instituto tecnológico y de investigación público planteado en el documento del gobierno se orienta a generar una mayor fiscalización y regulación del sector y a la toma eficiente de decisiones. En otras palabras, su rol es regulador o administrativo de la asociación público-privada, y no está en el plano mismo de la producción ni de generar una industria estatal para el refinamiento de este material. Países como Bolivia se encuentran más adelante, contando con su propia fábrica de baterías y de autos, por lo que cabe preguntarse qué tanto de “Litio para Chile” significa la estrategia. La respuesta parece clara: Boric, tal como sus antecesores, sean de la Concertación o de derecha, no trabaja para que los recursos y ganancias del litio se lo apropie el pueblo chileno, sino asegurando las ganancias del empresariado nacional e internacional.
Los “ideólogos progresistas” plantean que no es necesario detenerse en estas pequeñeces para alcanzar el desarrollo, ya que puede ser alcanzado potenciando a las empresas en una alianza con el Estado, donde el privado pueda desarrollar innovación tecnológica y la apertura de nuevos mercados para entregarle réditos económicos al país a cambio de su financiamiento. Esto resulta contradictorio a cómo opera el modelo empresarial, que busca satisfacer sus propios intereses, sin importarle si eso beneficia o daña a la economía del país y, en última instancia, el bolsillo de todo el pueblo chileno, que ya bastante golpeado se encuentra por las alzas. Es bastante común, en especial en la economía chilena, que las empresas basen su modelo de negocios en obtener dineros estatales (como es el caso de numerosas OTEC y fundaciones) o de la evasión de impuestos, justamente como lo ha hecho la empresa más grande del litio en Chile, Soquimich. Al empresario, sea “nacional” como Soquimich o sea una empresa “trasnacional” como la china, al final del día no le interesa el crecimiento de ninguna nación, solo aumentar sus riquezas.
No hay entonces ninguna mirada realmente “estratégica” del Litio, pues lo único que hace el gobierno es adaptarse a las condiciones de mercado de este recurso, invitando a invertir a los demás países en el territorio para obtener una mayor ganancia con la extracción de Litio, aunque mucho menor de la que podría obtener si desarrollara sus propios recursos para la extracción, refinería y manufactura de artículos en base a este material. Para realmente aprovechar las riquezas de este mineral, o para que el litio sea efectivamente chileno, se requiere estatizar también los recursos productivos y del conocimiento.
La creación de la rimbombante Empresa Nacional del Litio brilla por su ausencia. A pesar de tener la propiedad sobre el mineral, a pesar de tener numerosas pertenencias mineras, derechos exclusivos, permisos de explotación y adquisiciones gigantescas de empresas dedicadas al rubro como la reciente LPI1 – ex empresa australiana cuya compra por parte de Codelco fue autorizada hace apenas unas semanas-, no existe ningún indicio real de que esta empresa se creará en el futuro próximo. Esto porque además, al ser eventualmente una empresa estatal, se requiere de la aprobación del congreso para su creación. Sin embargo, el gobierno ni siquiera ha presentado un proyecto de ley para que esto sea discutido, por lo que parece que, en medio de una guerra comercial, no es urgente la creación de una empresa estatal, resultando válido que en el entretanto Codelco y Enami sean los encargados de negociar y dirigir las alianzas con privados de forma supuestamente “temporal”.
La verdadera política del litio
En lo que respecta a la ejecución de esta estrategia, ya hemos podido observar los primeros pasos: A fines del 2023, el gobierno eligió a la primera empresa con quien comenzaría a explotar el litio, siendo nada más y nada menos que Soquimich.
El acuerdo resultó una noticia sorprendente, pero no de la buena manera. De forma casi grotesca, medios de comunicación, diputados, senadores y timoneles de los partidos oficialistas han salido a aplaudir la medida. Han defendido este acuerdo casi como si el dueño de esa empresa no fuese Julio Ponce Lerou, el yerno de Pinochet, que agrandó su fortuna saqueando a las empresas estatales y los fondos previsionales; o como si la propia empresa Soquimich no hubiese sido el símbolo de la corrupción de la década pasada, financiando ilegalmente a toda la política institucional para redactar leyes a su conveniencia.
Más allá de eso, cabe preguntarse qué tan real es el elemento “estratégico” a nivel económico-político, planteado en este acuerdo, es decir, bajo el panorama mundial, en qué medida trabajar con Soquimich permitiría un control efectivo del mineral, y a su vez, qué tanto rédito económico le significaría al país. Mirando el acuerdo, se pueden ver definiciones generales para la administración y explotación de los yacimientos del mineral que existen en el Salar de Atacama -el que se encontraba en manos de la minera del magnate desde 1993-. El texto legal plantea una alianza entre Codelco y Soquimich hasta 2060, extendiendo el dominio de Ponce Lerou sobre el salar, que tenía como fecha de vencimiento el 2030.
Esto, lejos de ser alentador, resulta extraño. Primero porque al momento de que venciera el contrato entre SQM y la CORFO, la empresa tendría la obligación de venderle toda su operación de vuelta al Estado, es decir, Chile tenía asegurado el control de la industria en el salar de Atacama. Sin embargo, el gobierno adelantó las negociaciones para extender la presencia del privado, proponiéndole conformar una sociedad entre Soquimich y Codelco. Esta alianza, por lo demás, no pasó por ninguna licitación, sino que este gobierno abiertamente decidió entregarle de forma exclusiva el yacimiento de litio más grande del país a la compañía de Ponce Lerou, transformándose en el contrato más extenso de la historia de la minería que firmaría Corfo.
Estratégicamente hablando, este gran interés por el litio y la proximidad del vencimiento del contrato de Soquimich para explotar el mineral implicaba una fuerte expectativa de parte de los privados sobre las futuras licitaciones que se harían sobre los salares, lo que, aún bajo una mirada capitalista resultaba sumamente favorable para la posición de Chile. Esto se acrecienta cuando vemos que empresas como Tianshi o Tesla ya habían hecho grandes inversiones en la región en los últimos años, expresando abiertamente su interés por explotar los salares. Entonces ¿Por qué se escoge negociar con Soquimich?
Esto parece inexplicable a simple vista. Sin embargo, el poder y control de la economía y recursos productivos que tiene Soquimich y sus socios permite entender lo ocurrido. Su dueño, Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet, ha forjado su red de poder e influencias desde joven: Recién titulado como ingeniero forestal, fue nombrado director ejecutivo de la CONAF en 1974, en 1979 Ejecutivo de CORFO, lo que le permitió utilizar estos cargos para beneficiarse de las decisiones corporativas y la venta de sus terrenos y filiales para dirigir empresas ex estatales como CHILECTRA, CTC, IANSA y ENDESA.
Durante la dictadura, el año 1986 Ponce Lerou se adueña de SQM2 a través de un simple pero efectivo sistema de empresas cascada3, gracias a la influencia interna que logró generar como ex ejecutivo de CORFO. El 21 de diciembre de 1995, la corporación (bajo gobierno de la Concertación) vende todas sus acciones de la empresa estatal “MINSAL” a Soquimich, con lo que se le entrega el control del Salar de Atacama, a través de un contrato vigente hasta 2030. Cabe destacar que Soquimich para este punto tenía tal poder que logró definir su propio arriendo y el cálculo de las rentas que debía otorgarle al Estado por su producción -montos que eventualmente dejó de pagar-, gracias a lo que obtendría la exclusividad de explotación del Litio4, así como de todas las sustancias minerales y acuíferas que allí se encontraran.
La empresa, por otra parte, se dedicó a controlar la legislación en torno a la minería, a través de un esquema de financiamiento ilegal, donde logró controlar a más de 40 políticos involucrados en la nueva mayoría, DC, RN y a la UDI, de los cuales una parte pasaría a formar el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Con esto lograron sacar réditos importantes, moldeando la ley de Royalty a su conveniencia, permitiéndole acceder a un beneficio de Invariabilidad Tributaria exclusivo y logrando retrasar el pago por las concesiones de extracción de litio hasta 2015.
Con este nivel de poder, la influencia del magnate ha llegado hasta lo más profundo del Estado, convirtiéndolo en una herramienta para la realización de negocios. De ahí que el acuerdo le sea tan provechoso y exclusivo, pues no le saldrá un solo peso, ya que el costo que puede significar asociarse con el Estado, este se lo retribuye aumentando aún más sus cuotas de producción en el salar de Atacama, tal como lo indicó la propia empresa, a través de su economista Camilo Lagos.
Mientras tanto, el gobierno también logra beneficiarse de esto. A cambio de entregar el litio a Soquimich, Boric aparece de forma oportunista como un ganador, celebrando supuestamente el inicio de la industria estatal del litio, sin importar el enorme rédito económico que va para el privado, ni que la compañía no valdría nada en 2030 sin este acuerdo. De esta forma, que se escogiera a SQM no dice relación ni con un buen desempeño en el pasado, sino que es resultado de la posición estratégica que estos han ido construyendo a través de décadas, que les permite un nivel de manejo de este sector económico, tal que los “acuerdos” terminan siendo una pantalla de formalización de su propio poder.
El desarrollo de Chile y su pueblo
Para nadie es una sorpresa que resulte sumamente complejo para el Estado desarrollar industria. Chile, que es una economía extractivista, jamás ha tenido un desarrollo científico-tecnológico que le haya permitido consolidar grandes industrias fuera del sector primario de la economía. Las pocas empresas nacionales que han existido son producto del modelo de crecimiento hacia dentro de los años 40, y que en los últimos 30 años ha sufrido un desmantelamiento a través de la privatización y cierre de sus operaciones. Durante todo este tiempo, al sector privado no solo se le ha entregado la infraestructura, sino también la capacidad técnica, de gestión, coordinación y financiamiento para desarrollarse, cercenando directamente a los organismos estatales, que se limitan a entregar empresas, créditos, maquinaria, y licitación de proyectos.
Quienes más se han beneficiado de este modelo, la burguesía nacional, son los que precisamente hoy controlan las grandes industrias que sostienen la economía, como la minería, la energía, la pesca o la celulosa, entre otras. Lo que caracteriza a la inversión de estos grandes conglomerados familiares es que buscan invertir en mercados estables, prósperos y de retorno inmediato, limitando el acceso a nuevos competidores. Este esquema de crecimiento del sector privado ha generado mayor concentración de la riqueza y estancamiento productivo.
En un país inserto en la economía global como Chile, donde su riqueza se basa casi únicamente en el extractivismo y la producción se acota a unas cuantas empresas consolidadas en el mercado local, lo más fácil parece ser acomodarse a la distribución histórica de medios, tecnologías y mano de obra barata a escala global. De ahí que la industria y la economía de Chile se mantenga tan dependiente de estos mercados “tradicionales”, los que a su vez se mantienen sumamente dependientes del comercio exterior. Así, la apuesta de estos sectores se aleja de la idea de innovar5, y se orienta más a la reducción de costos, como la disminución del salario y del personal, o la evasión tributaria. Esto es lo que también ha ocurrido recientemente con la Siderúrgica Huachipato (CAP), empresa de producción de acero que está cayendo debido a que el negocio chino logra una fuerte inserción en Chile a bajos precios, respaldado por los bajos aranceles cobrados desde el país a estas.
Este esquema de crecimiento, por otro lado, plantea un círculo vicioso discursivo, donde los privados, al invertir en mercados de poco riesgo y renta inmediata, logran mostrar un aparente desarrollo económico, en contraste con empresas públicas sumamente deterioradas e incapaces, que asumen los riesgos que no asume el sector privado. Así, mientras los privados asumen los negocios rentables del país, el Estado es incapaz de dirigir un sector y asume un rol de subsidiario, sosteniendo los negocios que no son rentables, sin tener incidencia alguna en el desarrollo, planes o proyectos macroeconómicos.
Resulta hasta irrisorio que Chile no tenga control alguno de su desarrollo, pero si no existe un proyecto político que plantee una dirección económica concreta, la industria privada solo se limitará a exportar, aún cuando haya más recursos que puedan quedarse en el país. Con una infraestructura inexistente como la nuestra y frente a la propuesta de Soquimich o de Tsingshan el gobierno elige seguir la corriente histórica, esa que vende los recursos al mejor postor sin cambiar nada.
En este sentido, la supuesta estrategia nada hace por cambiar el rol histórico del país. Boric sigue los mismos lineamientos que los acuerdos formados por la Concertación a partir de alianzas público-privadas en los ámbitos de las concesiones como las autopistas, transantiago, hospitales, establecimientos educativos, entre otras necesidades del pueblo que han sido privatizadas. Detrás de la supuesta estrategia del Litio no nos encontramos con nada distinto de lo que ha sido volver a entregar la riqueza con la que se podría mejorar las condiciones de vida del pueblo a los empresarios. Bajo el modelo que ahora plantea el gobierno, y en la medida en que el litio se haga el nuevo sueldo de Chile, el país se volverá más vulnerable a los cambios en la producción de estos sectores, ya que tal como ocurre en este caso con SQM, los privados, por regla general, son los que manejan los ritmos de producción.
¿Cuál es el camino para que las riquezas las disfrute el pueblo y no los empresarios? Si Chile realmente quisiera desarrollar su economía, resulta de primera necesidad controlar no sólo la producción, sino también la productividad. Esto porque la refinería y utilización del material en productos nacionales requiere de desarrollo tecnológico e investigativo en el país, lo que en definitiva es la única forma de remover a Chile de su rol histórico en la economía global como país extractivista.
Un plan de desarrollo económico debería priorizar la obtención de los conocimientos que le permitan desarrollar la industria, en una condición muy distinta a lo que hoy son las becas universitarias (como las becas Chile), que permiten la fuga de cerebros hacia el extranjero, sin asegurar retribución alguna hacia el país. A su vez, se requiere una revisión de todos los niveles de producción que existen en la industria y el rol que debería jugar el país en cada uno de ellos. China, por ejemplo, no solo busca participar de la manufactura de baterías de litio, sino también en la utilización de este elemento en sus propios vehículos y maquinaria, además de participar activamente en la extracción y refinería del litio.
Por todo esto decimos que para que los recursos y el desarrollo sean realmente para Chile, para que sean del pueblo, se requiere, por una parte, que el Estado planifique una verdadera industria nacional, que considere la propiedad estatal tanto de los procesos de extracción, refinería y manufactura de sus recursos, así como de un masa de técnicos y profesionales que sean capaces de sostener intelectualmente su implementación. Sin embargo, eso resulta insuficiente sin que el pueblo organizado sea el que controle este desarrollo, para que una industria -aun siendo nacional- no sea una nueva fuente de explotación y saqueo. De cualquier otra forma, por más o menos pronombres progresistas o desarrollistas con que se nombren estas políticas, los enemigos del pueblo, aquellos que controlan la economía, la política y las relaciones internacionales, seguirán dominando el país y seguirán enriqueciéndose a costa del trabajo de todos.
Nada de eso ocurrirá mientras el país lo manejen los que trabajan para los poderosos, que timoratamente borran con el codo lo que escriben con la mano cada vez que los empresarios se le ponen por delante. El único cambio vendrá de la organización popular, dirigida a romper cualquier vínculo y enfrentar a quienes buscan enriquecerse a costa de nuestro trabajo y recursos.
Porque las riquezas pertenecen al pueblo que las trabaja
Sólo la revolución llevará el control de la industria al pueblo trabajador.
1 La compra de LPI resulta especialmente importante, ya que esta empresa contiene los permisos necesarios para extraer litio en el salar de Maricunga, que es el segundo salar más grandes de Chile. No obstante, hasta hoy no se ha tomado una decisión respecto de lo que sucedería con esta empresa, por lo que, por ahora, tampoco existen indicios de que esta empresa forme parte de una eventual empresa nacional del litio.
2La compañía, avaluada en 12.700.000 UF, logró ser adquirida por solo 7.200.000 UF, en una inexplicable rebaja en su avalúo. Dicha compra, además fue financiada casi en su totalidad por los créditos CORFO que se le entregaron a la sociedad Pampa Calichera, de la cual Julio Ponce Lerú era dueño y que por lo demás nunca pagó. Las estimaciones más escuetas, calculan que el Estado de Chile no solo terminó perdiendo 61 millones de dólares al vender la compañía, sino que además dejó de percibir cifras incalculables, ya que sólo el 2014 (el año más bajo de la empresa) Soquimich logró facturar 171 millones de dólares.
3 El esquema de las empresas cascada consiste, en síntesis, en empresas “fantasma”, que surgen a partir de una empresa madre, la que vende una pequeña parte de sus acciones a inversionistas incautos, recaudando dinero con el que crean otra sociedad que controla a la sociedad madre, repitiendo esta operación tantas veces como se necesite. Todas las sociedades “hijo” controlan a la sociedad de la cual son creadas. Con esto, una sola persona en verdad puede dividir su patrimonio en muchas empresas, pero sólo figurar en una. En este proceso, las empresas creadas comercian entre sí a precios elevados a propósito para simular que disminuye su patrimonio, obteniendo así los aportes de los inversionistas que no tienen idea del esquema. En el caso de SQM, los inversionistas estafados fueron las afp, quienes hasta 2014 terminaron perdiendo 757 millones de dólares de los cotizantes.
4Específicamente, SQM pagaba anualmente lo que sería hoy $9,5 millones, mientras que sus ganancias por la explotación del Litio superaban los $493 millones.
5 Entendemos a la innovación como la creación de nuevos métodos y herramientas, lo que no hace la burguesía, que sólo invierte en adaptarse a métodos que ya se conocen y que son más eficientes, generando un retorno inmediato, pero que no genera nuevo conocimiento
En los últimos años, el litio se ha transformado en un mineral estratégico a nivel mundial, gracias al crecimiento exponencial de la demanda de baterías de iones de litio que se utilizan para fabricar autos eléctricos y para el almacenamiento de energías renovables. El asunto es especialmente importante para Chile y América Latina, ya que aquí se encuentra la zona con mayor concentración de mineral de lito, que contiene alrededor de un 60% de mineral a nivel mundial dentro de lo que se conoce como “el triángulo del litio”, una zona ubicada en parte del territorio de Chile, Argentina y Bolivia.
En el contexto de la transición energética global, las principales potencias económicas han creado una verdadera guerra por tener el control de esta zona. China, por una parte, ha incluido al litio dentro de su plan nacional de recursos naturales, lo que ha significado inversiones multimillonarias en la región, junto con la compra agresiva de terrenos, permisos y compañías en los 3 países. Cabe destacar que sólo en Chile ya han invertido más de 4 mil millones de dólares en la industria, sin considerar los proyectos anunciados en 2023 y 2024. Por otro lado, Estados Unidos posee la segunda empresa más grande de Litio en Chile, y aunque están muy por debajo de la inversión China, la comandante del comando sur de Estados Unidos ha declarado en numerosas ocasiones que esta zona es crítica para su seguridad nacional y que buscarán aumentar su control en los próximos años. El interés por el mineral es tan grande, que la casa blanca estima que la demanda del Litio podría subir hasta en un 4000% en 2040.
A nivel local, pese a que en Chile el litio es de propiedad estatal desde hace más de 50 años, existen 4 grandes mineras privadas que controlan la industria: Soquimich (Chile), que es la mayor exportadora de litio y explota la mayor parte del salar de Atacama; Talison (Australia), que posee un proyecto de exploración en la zona de los 7 salares; Tianqi (China), que posee el 24% de las acciones de SQM y el 51% de las acciones de Talison; y Albemarle (EEUU), que es la segunda exportadora de litio más grande del salar de Atacama y posee el 49% de las acciones de Talison.
La insoportable liviandad del proyecto progresista
Pese a la creciente demanda, y las estrategias elaboradas por los países vecinos (especialmente Bolivia), durante los últimos 30 años, la explotación de los yacimientos de litio ha permanecido prácticamente olvidada en las manos de los privados. El actual gobierno, por su parte, en los últimos años ha intentado ejecutar lo que denominaron como “estrategia nacional del litio”, buscando tener presencia estatal en las empresas que se dediquen a extraer el mineral. A través de la creación de empresas mixtas, se espera que el Estado obtenga una mayor recaudación por la extracción de litio gracias a la calidad de accionista mayoritario que tendría dentro de estas empresas. La propuesta de Boric también promete un desarrollo de las tecnologías chilenas y una incorporación del proceso productivo a las empresas locales, junto con la creación de un instituto tecnológico y de investigación público del litio.
Cuando escarbamos un poco en la estrategia nos encontramos simplemente con un vacío. No existe una hoja de ruta, pues se habla de chilenizar el mineral, pero nunca de cuándo ni cómo hacerlo. Tampoco se explica de qué forma se creará la masa de profesionales que va a sostener esta producción, ni de dónde se obtendrá el conocimiento para generar procesos de extracción y refinería productivos y eficientes, como los aplicados por los privados en estos últimos años. Pareciera que al gobierno le importan más las frases grandilocuentes que los planes reales. Ejemplo de ello es que se habla de una incorporación productiva de las empresas locales, pero no se plantea qué se hará el mineral. ¿Se busca crear una empresa de refinería? ¿una fábrica que utilice litio? ¿O simplemente basta con que estos negocios, aun siendo privados, se radiquen dentro del país?
Antes de que el gobierno presentara un plan real sobre cómo utilizar el litio, una empresa china decidió instalar la producción de baterías en territorio chileno. Con una inversión de 250 millones de dólares, Tsingshan no solo demuestra que la estrategia del gobierno se moldea en función de lo que dicten los privados, sino también las intenciones claras que tiene la potencia extranjera por adueñarse de todos y cada uno de los eslabones productivos del mineral. China traslada la fabricación de materiales catódicos a territorio chileno, asumiendo el “costo” que ello significa, lo que desde un punto de vista estratégico no supone problema alguno para los asiáticos, ya que el control y la dirección de la compañía seguirá en sus manos, asegurando de paso una cuota de la producción del litio chileno para China.
Para el gobierno, esta inversión abre más problemas que soluciones ¿Quién será realmente el que maneje la empresa? ¿De dónde saldrán los profesionales que manejen esa producción? Eso queda a la suerte de quién tenga más poder de negociación, y para un país que no tiene capacidad técnica ni profesional formada, decir que el litio será para Chile es demagogia.
En consecuencia, la creación del instituto tecnológico y de investigación público planteado en el documento del gobierno se orienta a generar una mayor fiscalización y regulación del sector y a la toma eficiente de decisiones. En otras palabras, su rol es regulador o administrativo de la asociación público-privada, y no está en el plano mismo de la producción ni de generar una industria estatal para el refinamiento de este material. Países como Bolivia se encuentran más adelante, contando con su propia fábrica de baterías y de autos, por lo que cabe preguntarse qué tanto de “Litio para Chile” significa la estrategia. La respuesta parece clara: Boric, tal como sus antecesores, sean de la Concertación o de derecha, no trabaja para que los recursos y ganancias del litio se lo apropie el pueblo chileno, sino asegurando las ganancias del empresariado nacional e internacional.
Los “ideólogos progresistas” plantean que no es necesario detenerse en estas pequeñeces para alcanzar el desarrollo, ya que puede ser alcanzado potenciando a las empresas en una alianza con el Estado, donde el privado pueda desarrollar innovación tecnológica y la apertura de nuevos mercados para entregarle réditos económicos al país a cambio de su financiamiento. Esto resulta contradictorio a cómo opera el modelo empresarial, que busca satisfacer sus propios intereses, sin importarle si eso beneficia o daña a la economía del país y, en última instancia, el bolsillo de todo el pueblo chileno, que ya bastante golpeado se encuentra por las alzas. Es bastante común, en especial en la economía chilena, que las empresas basen su modelo de negocios en obtener dineros estatales (como es el caso de numerosas OTEC y fundaciones) o de la evasión de impuestos, justamente como lo ha hecho la empresa más grande del litio en Chile, Soquimich. Al empresario, sea “nacional” como Soquimich o sea una empresa “trasnacional” como la china, al final del día no le interesa el crecimiento de ninguna nación, solo aumentar sus riquezas.
No hay entonces ninguna mirada realmente “estratégica” del Litio, pues lo único que hace el gobierno es adaptarse a las condiciones de mercado de este recurso, invitando a invertir a los demás países en el territorio para obtener una mayor ganancia con la extracción de Litio, aunque mucho menor de la que podría obtener si desarrollara sus propios recursos para la extracción, refinería y manufactura de artículos en base a este material. Para realmente aprovechar las riquezas de este mineral, o para que el litio sea efectivamente chileno, se requiere estatizar también los recursos productivos y del conocimiento.
La creación de la rimbombante Empresa Nacional del Litio brilla por su ausencia. A pesar de tener la propiedad sobre el mineral, a pesar de tener numerosas pertenencias mineras, derechos exclusivos, permisos de explotación y adquisiciones gigantescas de empresas dedicadas al rubro como la reciente LPI1 – ex empresa australiana cuya compra por parte de Codelco fue autorizada hace apenas unas semanas-, no existe ningún indicio real de que esta empresa se creará en el futuro próximo. Esto porque además, al ser eventualmente una empresa estatal, se requiere de la aprobación del congreso para su creación. Sin embargo, el gobierno ni siquiera ha presentado un proyecto de ley para que esto sea discutido, por lo que parece que, en medio de una guerra comercial, no es urgente la creación de una empresa estatal, resultando válido que en el entretanto Codelco y Enami sean los encargados de negociar y dirigir las alianzas con privados de forma supuestamente “temporal”.
La verdadera política del litio
En lo que respecta a la ejecución de esta estrategia, ya hemos podido observar los primeros pasos: A fines del 2023, el gobierno eligió a la primera empresa con quien comenzaría a explotar el litio, siendo nada más y nada menos que Soquimich.
El acuerdo resultó una noticia sorprendente, pero no de la buena manera. De forma casi grotesca, medios de comunicación, diputados, senadores y timoneles de los partidos oficialistas han salido a aplaudir la medida. Han defendido este acuerdo casi como si el dueño de esa empresa no fuese Julio Ponce Lerou, el yerno de Pinochet, que agrandó su fortuna saqueando a las empresas estatales y los fondos previsionales; o como si la propia empresa Soquimich no hubiese sido el símbolo de la corrupción de la década pasada, financiando ilegalmente a toda la política institucional para redactar leyes a su conveniencia.
Más allá de eso, cabe preguntarse qué tan real es el elemento “estratégico” a nivel económico-político, planteado en este acuerdo, es decir, bajo el panorama mundial, en qué medida trabajar con Soquimich permitiría un control efectivo del mineral, y a su vez, qué tanto rédito económico le significaría al país. Mirando el acuerdo, se pueden ver definiciones generales para la administración y explotación de los yacimientos del mineral que existen en el Salar de Atacama -el que se encontraba en manos de la minera del magnate desde 1993-. El texto legal plantea una alianza entre Codelco y Soquimich hasta 2060, extendiendo el dominio de Ponce Lerou sobre el salar, que tenía como fecha de vencimiento el 2030.
Esto, lejos de ser alentador, resulta extraño. Primero porque al momento de que venciera el contrato entre SQM y la CORFO, la empresa tendría la obligación de venderle toda su operación de vuelta al Estado, es decir, Chile tenía asegurado el control de la industria en el salar de Atacama. Sin embargo, el gobierno adelantó las negociaciones para extender la presencia del privado, proponiéndole conformar una sociedad entre Soquimich y Codelco. Esta alianza, por lo demás, no pasó por ninguna licitación, sino que este gobierno abiertamente decidió entregarle de forma exclusiva el yacimiento de litio más grande del país a la compañía de Ponce Lerou, transformándose en el contrato más extenso de la historia de la minería que firmaría Corfo.
Estratégicamente hablando, este gran interés por el litio y la proximidad del vencimiento del contrato de Soquimich para explotar el mineral implicaba una fuerte expectativa de parte de los privados sobre las futuras licitaciones que se harían sobre los salares, lo que, aún bajo una mirada capitalista resultaba sumamente favorable para la posición de Chile. Esto se acrecienta cuando vemos que empresas como Tianshi o Tesla ya habían hecho grandes inversiones en la región en los últimos años, expresando abiertamente su interés por explotar los salares. Entonces ¿Por qué se escoge negociar con Soquimich?
Esto parece inexplicable a simple vista. Sin embargo, el poder y control de la economía y recursos productivos que tiene Soquimich y sus socios permite entender lo ocurrido. Su dueño, Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet, ha forjado su red de poder e influencias desde joven: Recién titulado como ingeniero forestal, fue nombrado director ejecutivo de la CONAF en 1974, en 1979 Ejecutivo de CORFO, lo que le permitió utilizar estos cargos para beneficiarse de las decisiones corporativas y la venta de sus terrenos y filiales para dirigir empresas ex estatales como CHILECTRA, CTC, IANSA y ENDESA.
Durante la dictadura, el año 1986 Ponce Lerou se adueña de SQM2 a través de un simple pero efectivo sistema de empresas cascada3, gracias a la influencia interna que logró generar como ex ejecutivo de CORFO. El 21 de diciembre de 1995, la corporación (bajo gobierno de la Concertación) vende todas sus acciones de la empresa estatal “MINSAL” a Soquimich, con lo que se le entrega el control del Salar de Atacama, a través de un contrato vigente hasta 2030. Cabe destacar que Soquimich para este punto tenía tal poder que logró definir su propio arriendo y el cálculo de las rentas que debía otorgarle al Estado por su producción -montos que eventualmente dejó de pagar-, gracias a lo que obtendría la exclusividad de explotación del Litio4, así como de todas las sustancias minerales y acuíferas que allí se encontraran.
La empresa, por otra parte, se dedicó a controlar la legislación en torno a la minería, a través de un esquema de financiamiento ilegal, donde logró controlar a más de 40 políticos involucrados en la nueva mayoría, DC, RN y a la UDI, de los cuales una parte pasaría a formar el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Con esto lograron sacar réditos importantes, moldeando la ley de Royalty a su conveniencia, permitiéndole acceder a un beneficio de Invariabilidad Tributaria exclusivo y logrando retrasar el pago por las concesiones de extracción de litio hasta 2015.
Con este nivel de poder, la influencia del magnate ha llegado hasta lo más profundo del Estado, convirtiéndolo en una herramienta para la realización de negocios. De ahí que el acuerdo le sea tan provechoso y exclusivo, pues no le saldrá un solo peso, ya que el costo que puede significar asociarse con el Estado, este se lo retribuye aumentando aún más sus cuotas de producción en el salar de Atacama, tal como lo indicó la propia empresa, a través de su economista Camilo Lagos.
Mientras tanto, el gobierno también logra beneficiarse de esto. A cambio de entregar el litio a Soquimich, Boric aparece de forma oportunista como un ganador, celebrando supuestamente el inicio de la industria estatal del litio, sin importar el enorme rédito económico que va para el privado, ni que la compañía no valdría nada en 2030 sin este acuerdo. De esta forma, que se escogiera a SQM no dice relación ni con un buen desempeño en el pasado, sino que es resultado de la posición estratégica que estos han ido construyendo a través de décadas, que les permite un nivel de manejo de este sector económico, tal que los “acuerdos” terminan siendo una pantalla de formalización de su propio poder.
El desarrollo de Chile y su pueblo
Para nadie es una sorpresa que resulte sumamente complejo para el Estado desarrollar industria. Chile, que es una economía extractivista, jamás ha tenido un desarrollo científico-tecnológico que le haya permitido consolidar grandes industrias fuera del sector primario de la economía. Las pocas empresas nacionales que han existido son producto del modelo de crecimiento hacia dentro de los años 40, y que en los últimos 30 años ha sufrido un desmantelamiento a través de la privatización y cierre de sus operaciones. Durante todo este tiempo, al sector privado no solo se le ha entregado la infraestructura, sino también la capacidad técnica, de gestión, coordinación y financiamiento para desarrollarse, cercenando directamente a los organismos estatales, que se limitan a entregar empresas, créditos, maquinaria, y licitación de proyectos.
Quienes más se han beneficiado de este modelo, la burguesía nacional, son los que precisamente hoy controlan las grandes industrias que sostienen la economía, como la minería, la energía, la pesca o la celulosa, entre otras. Lo que caracteriza a la inversión de estos grandes conglomerados familiares es que buscan invertir en mercados estables, prósperos y de retorno inmediato, limitando el acceso a nuevos competidores. Este esquema de crecimiento del sector privado ha generado mayor concentración de la riqueza y estancamiento productivo.
En un país inserto en la economía global como Chile, donde su riqueza se basa casi únicamente en el extractivismo y la producción se acota a unas cuantas empresas consolidadas en el mercado local, lo más fácil parece ser acomodarse a la distribución histórica de medios, tecnologías y mano de obra barata a escala global. De ahí que la industria y la economía de Chile se mantenga tan dependiente de estos mercados “tradicionales”, los que a su vez se mantienen sumamente dependientes del comercio exterior. Así, la apuesta de estos sectores se aleja de la idea de innovar5, y se orienta más a la reducción de costos, como la disminución del salario y del personal, o la evasión tributaria. Esto es lo que también ha ocurrido recientemente con la Siderúrgica Huachipato (CAP), empresa de producción de acero que está cayendo debido a que el negocio chino logra una fuerte inserción en Chile a bajos precios, respaldado por los bajos aranceles cobrados desde el país a estas.
Este esquema de crecimiento, por otro lado, plantea un círculo vicioso discursivo, donde los privados, al invertir en mercados de poco riesgo y renta inmediata, logran mostrar un aparente desarrollo económico, en contraste con empresas públicas sumamente deterioradas e incapaces, que asumen los riesgos que no asume el sector privado. Así, mientras los privados asumen los negocios rentables del país, el Estado es incapaz de dirigir un sector y asume un rol de subsidiario, sosteniendo los negocios que no son rentables, sin tener incidencia alguna en el desarrollo, planes o proyectos macroeconómicos.
Resulta hasta irrisorio que Chile no tenga control alguno de su desarrollo, pero si no existe un proyecto político que plantee una dirección económica concreta, la industria privada solo se limitará a exportar, aún cuando haya más recursos que puedan quedarse en el país. Con una infraestructura inexistente como la nuestra y frente a la propuesta de Soquimich o de Tsingshan el gobierno elige seguir la corriente histórica, esa que vende los recursos al mejor postor sin cambiar nada.
En este sentido, la supuesta estrategia nada hace por cambiar el rol histórico del país. Boric sigue los mismos lineamientos que los acuerdos formados por la Concertación a partir de alianzas público-privadas en los ámbitos de las concesiones como las autopistas, transantiago, hospitales, establecimientos educativos, entre otras necesidades del pueblo que han sido privatizadas. Detrás de la supuesta estrategia del Litio no nos encontramos con nada distinto de lo que ha sido volver a entregar la riqueza con la que se podría mejorar las condiciones de vida del pueblo a los empresarios. Bajo el modelo que ahora plantea el gobierno, y en la medida en que el litio se haga el nuevo sueldo de Chile, el país se volverá más vulnerable a los cambios en la producción de estos sectores, ya que tal como ocurre en este caso con SQM, los privados, por regla general, son los que manejan los ritmos de producción.
¿Cuál es el camino para que las riquezas las disfrute el pueblo y no los empresarios? Si Chile realmente quisiera desarrollar su economía, resulta de primera necesidad controlar no sólo la producción, sino también la productividad. Esto porque la refinería y utilización del material en productos nacionales requiere de desarrollo tecnológico e investigativo en el país, lo que en definitiva es la única forma de remover a Chile de su rol histórico en la economía global como país extractivista.
Un plan de desarrollo económico debería priorizar la obtención de los conocimientos que le permitan desarrollar la industria, en una condición muy distinta a lo que hoy son las becas universitarias (como las becas Chile), que permiten la fuga de cerebros hacia el extranjero, sin asegurar retribución alguna hacia el país. A su vez, se requiere una revisión de todos los niveles de producción que existen en la industria y el rol que debería jugar el país en cada uno de ellos. China, por ejemplo, no solo busca participar de la manufactura de baterías de litio, sino también en la utilización de este elemento en sus propios vehículos y maquinaria, además de participar activamente en la extracción y refinería del litio.
Por todo esto decimos que para que los recursos y el desarrollo sean realmente para Chile, para que sean del pueblo, se requiere, por una parte, que el Estado planifique una verdadera industria nacional, que considere la propiedad estatal tanto de los procesos de extracción, refinería y manufactura de sus recursos, así como de un masa de técnicos y profesionales que sean capaces de sostener intelectualmente su implementación. Sin embargo, eso resulta insuficiente sin que el pueblo organizado sea el que controle este desarrollo, para que una industria -aun siendo nacional- no sea una nueva fuente de explotación y saqueo. De cualquier otra forma, por más o menos pronombres progresistas o desarrollistas con que se nombren estas políticas, los enemigos del pueblo, aquellos que controlan la economía, la política y las relaciones internacionales, seguirán dominando el país y seguirán enriqueciéndose a costa del trabajo de todos.
Nada de eso ocurrirá mientras el país lo manejen los que trabajan para los poderosos, que timoratamente borran con el codo lo que escriben con la mano cada vez que los empresarios se le ponen por delante. El único cambio vendrá de la organización popular, dirigida a romper cualquier vínculo y enfrentar a quienes buscan enriquecerse a costa de nuestro trabajo y recursos.
Porque las riquezas pertenecen al pueblo que las trabaja
Sólo la revolución llevará el control de la industria al pueblo trabajador.
1 La compra de LPI resulta especialmente importante, ya que esta empresa contiene los permisos necesarios para extraer litio en el salar de Maricunga, que es el segundo salar más grandes de Chile. No obstante, hasta hoy no se ha tomado una decisión respecto de lo que sucedería con esta empresa, por lo que, por ahora, tampoco existen indicios de que esta empresa forme parte de una eventual empresa nacional del litio.
2La compañía, avaluada en 12.700.000 UF, logró ser adquirida por solo 7.200.000 UF, en una inexplicable rebaja en su avalúo. Dicha compra, además fue financiada casi en su totalidad por los créditos CORFO que se le entregaron a la sociedad Pampa Calichera, de la cual Julio Ponce Lerú era dueño y que por lo demás nunca pagó. Las estimaciones más escuetas, calculan que el Estado de Chile no solo terminó perdiendo 61 millones de dólares al vender la compañía, sino que además dejó de percibir cifras incalculables, ya que sólo el 2014 (el año más bajo de la empresa) Soquimich logró facturar 171 millones de dólares.
3 El esquema de las empresas cascada consiste, en síntesis, en empresas “fantasma”, que surgen a partir de una empresa madre, la que vende una pequeña parte de sus acciones a inversionistas incautos, recaudando dinero con el que crean otra sociedad que controla a la sociedad madre, repitiendo esta operación tantas veces como se necesite. Todas las sociedades “hijo” controlan a la sociedad de la cual son creadas. Con esto, una sola persona en verdad puede dividir su patrimonio en muchas empresas, pero sólo figurar en una. En este proceso, las empresas creadas comercian entre sí a precios elevados a propósito para simular que disminuye su patrimonio, obteniendo así los aportes de los inversionistas que no tienen idea del esquema. En el caso de SQM, los inversionistas estafados fueron las afp, quienes hasta 2014 terminaron perdiendo 757 millones de dólares de los cotizantes.
4Específicamente, SQM pagaba anualmente lo que sería hoy $9,5 millones, mientras que sus ganancias por la explotación del Litio superaban los $493 millones.
5 Entendemos a la innovación como la creación de nuevos métodos y herramientas, lo que no hace la burguesía, que sólo invierte en adaptarse a métodos que ya se conocen y que son más eficientes, generando un retorno inmediato, pero que no genera nuevo conocimiento
