El actual ciclo económico, parece protagonizado siguiendo la pauta dominante de las “saludables” cifras de crecimiento y empleo, el alto precio del cobre y uno que otro indicador citado en el discurso. Si en Europa y Estados Unidos están pasando hechos graves, nos dicen que Chile es uno de los países mejor preparados en el mundo para resistir nuevas recesiones o crisis, que ni los vaivenes de China nos deberían preocupar. “Chile es un país serio, en que se hacen bien las cosas”, afirman con seguridad.
La experiencia hace necesario adoptar una actitud sospechosa al posar el análisis sobre estas cifras, pero ofreciendo una mirada no desde los intereses de la minoría explotadora, sino desde la cotidianeidad de la mayoría trabajadora del país. Desde este lente, se observa cuánto los trabajadores han visto resentida su condición de vida producto del ciclo económico, tanto por efectos de la crisis de 2008-2009 como por elementos más actuales, en particular aquellos segmentos que dependen menos de subsidios y más del acceso al empleo y al endeudamiento. Estos elementos marcan una clara tendencia desde el año pasado y durante 2011 demuestran persistir o profundizarse, influyendo en el pasar económico de los trabajadores.
Se apretó el cinturón.
Un primer aspecto es el alza del costo de la vida (la inflación), la que se calcula a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este indicador mide los precios de 386 productos en distintos puntos de venta del país y los promedia, sacando una cifra general. Pero desglosando más en detalle, nos damos cuenta que muchos de estos productos no son consumidos por la mayoría de las familias. De hecho, existe una ponderación en que se valoran con mayor puntaje para calcular el IPC los siguientes ítemes: automóviles nuevos, arriendos inmobiliarios, gasolina, almuerzo, pasaje en transporte multimodal, paquetes turísticos, electricidad, servicio doméstico, servicios de la enseñanza universitaria, automóviles usados y pan. ¿Cuántos de éstos son realmente relevantes en el gasto mensual del pueblo? Ni la mitad de los mencionados. Por eso se suele usar el algo peyorativo término de “IPC de los pobres”, que mide el precio de los productos que son más representativos del gasto de las familias trabajadoras.
Mientras en promedio el IPC ha aumentado en un 4,5% entre enero de 2010 y mayo de 2011, el IPC de los pobres se duplica a través de productos como los alimentos y bebidas no alcohólicas, que han subido un 7,4% entre mayo de 2010 y mayo de 2011. El precio del pan ha aumentado 9,6% y la leche 14,4%. Le suma y sigue el alojamiento, agua, gas, electricidad y otros combustibles (7,3%); transporte (5,3%); y educación (5,6%) (Fuente: INE). Que suba el precio de los autos nuevos o los paquetes turísticos, no le va ni le viene al pueblo trabajador, pero en cambio sí se ve afectado cuando los alimentos o el transporte están más caros, lo que ha sido la tónica de hace al menos un año, lo que ha pasado colado en el cálculo del IPC normal.
También produce un efecto de severa distorsión en el IPC la baja del dólar (que ha obligado al Banco Central a intervenir el precio, para que no baje de $450 pesos y así no complicar en demasía a los exportadores). Cuando el dólar está más barato, los productos extranjeros importados también están más baratos, lo que provoca que los de este tipo que están en la canasta de cálculo del IPC bajen su costo (automóviles, tecnología, ropa, etc.). Al promediar estas mercancías -que están ahora más baratas-, con las nacionales y las básicas -que siguen subiendo-, el alza de los precios aparece más bajo de lo que realmente está pegando en los bolsillos. En conclusión, en la ponderación se llega a una cifra no representativa del aumento del costo de la vida.
Por otro lado, mientras los gastos de las familias suben, los trabajadores no ven mejorar su situación laboral. Según datos del INE y la Nueva Encuesta de Empleo (NENE), un 60% de los empleos creados durante el actual gobierno (518 mil) corresponde a: trabajo por cuenta propia (de baja calificación y jornada parcial), familiar no remunerado, personal de servicio doméstico y empleadores de empresas de menos 5 trabajadores. El otro 40% corresponde a subcontratación, suministro y enganche; es decir, todo el empleo asalariado nuevo corresponde a trabajo tercerizado, no de planta. Durante el último año, al comparar con el trimestre pasado, sólo se ha detectado una variación promedio de 10 mil empleos.i El subempleo ha llegado a su nivel más alto desde que es posible medirlo (enero-marzo 2009), con más de 712 mil personas que trabajan jornada parcial y quieren trabajar tiempo completo, pero no encuentran ese tipo de empleo.ii
Tampoco se dice que el conjunto de los trabajadores percibe salarios muy bajos. La Encuesta CASEN 2009, que midió estos datos fresquitos durante la crisis, demostró esta brutal realidad: las familias más pobres del último decil, disminuyeron su ingreso por persona de 19 mil a 14 mil pesos, sin considerar subvenciones estatales. Ahora si incluímos estos últimos, el ingreso familiar subió sólo mil pesos y en la mayoría de los deciles el aumento no superó los 15 mil pesos. Al otro lado de la realidad, los más ricos aumentaron hasta 200 mil pesos su ingreso. Cruzando la CASEN con la NENE, se concluye que un 77,1% de los empleos asalariados no están protegidos y/o no superan un ingreso mensual de $300.000.
Está claro que para esas tres cuartas partes de los trabajadores, cualquier alza de los precios no puede ser cubierta con su salario. El denominado salario real (la relación entre el salario y el precio, su capacidad de adquirir productos), que debiera ser el rector de toda política salarial, revela ir a la baja desde hace al menos un año.
La deuda como motor.
Uno de los aspectos centrales para el desarrollo del neoliberalismo ha sido la incorporación masiva de las familias chilenas a los instrumentos de endeudamiento. Punto clave para sostener el “milagro”, fue convertir este mecanismo financiero en una palanca de adhesión de los trabajadores al modelo valórico capitalista neoliberal. Sin duda que desde un punto de vista económico, el endeudamiento ha sido el mecanismo con que las familias trabajadoras, en el Chile de ayer y hoy, completan sus ingresos para cubrir sus necesidades. Los instrumentos financieros han llegado a posibilitar el acceso a múltiples bienes vía crédito: comida, electrodomésticos, tecnología, automóviles. Pero además son la llave de acceso a los servicios que en este país están privatizados, porque sus alternativas gratuitas están brutalmente precarizadas, como la salud, la educación, el transporte y la vivienda. La adhesión ideológica al modelo permite que frente a la precarización de nuestras vidas, no veamos más alternativa que responder como consumidores y que reclamemos como tales, solos, desorganizados, desprotegidos, y endeudados. Como la única salida es que con más dinero podemos resolver nuestros problemas cotidianos, y considerando los bajos sueldos que percibe la mayoría del país, se conduce a que dos tercios de los hogares chilenos estén sobre endeudados, gastando más de lo que ganan.
Pues bien, la crisis financiera turbó el tránsito normal de endeudamiento de las familias y hasta hoy el escenario no se ha recuperado. Consideremos que el crédito en Chile opera en el esquema de que los bancos le prestan dinero a los segmentos más ricos y las casas comerciales a los segmentos más pobresiii. Según el Banco Central, con datos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el crecimiento promedio de la deuda bancaria de los hogares por créditos de consumo subió 16% entre 2002 y 2007, pero el 2008 bajó un 0,3%. A su vez, la deuda comercial de los hogares creció en el mismo período un 20,7%, donde sólo el 2008 el alza fue de 9,1% y aunque golpeada por las condiciones, así todo se mantuvo bajo el 5% hasta el último trimestre de 2010. Ambos sectores financieros bajaron sus colocaciones de créditos producto de la crisis, y si bien han vuelto a aumentar los préstamos, aún no se reponen del shock de 2008iv.
Los bancos ha persistido en una actitud “conservadora” de otorgar créditos a sectores ricos de menor riesgo y sometiendo a altas tasas de interés a sectores medios. Otro factor que ha limitado los préstamos, ha sido el aumento permanente por parte del Banco Central de la tasa de interés o tasa de política monetaria (TPM) en lo que va del año (va en 5% y a fin de año terminará cerca de 6%), la que se había mantenido estable durante los años anteriores, marcando una subida de 10 veces entre enero de 2010 y junio de 2011. El alza de la tasa de interés cumple con el objetivo, por una parte, de contener la inflación (otra razón más para distorsionar el crecimiento del IPC), pero también de disminuir el dinero que se le presta a la banca, para que ésta a su vez disminuya los préstamos a personas y empresas. Esto sólo ha pasado con las personas y no con las empresas; a las primeras se les mantiene con altas tasas de interés y selectividad de créditos, mientras a las empresas se les mantiene con tasas bajas y alto nivel de colocaciones. Son las familias de sectores medios las que están recibiendo menos créditos, por lo tanto, una fuente menos de ingresos.
Por otra parte, parece esperable que el retail -superando el efecto La Polar- vaya superando la crisis e impulse el endeudamiento de los sectores medios y medio-bajos de trabajadores, en la medida en que éstos se van viendo obligados, producto de los factores ya mencionados (inflación y bajos salarios), a financiar sus necesidades mediante el endeudamiento, cosa que hasta el momento se habían resistido debido a la crisis económicav. La primera impresión al recibir los préstamos será de bonanza gracias a la posibilidad de acceder a dinero fresco, pero en el fondo la condición de endeudamiento va profundizando la dependencia económica y aumentando los gastos familiares, lo que se traduce en crisis en casos de desempleo (cosa muy común dada la extendida flexibilización laboral, por finalización de contrato, trabajadores a contrata, etc.).
La promesa del ascensor social
Así como este panorama económico parece afectar a una enorme proporción de las familias trabajadoras chilenas, en una porción de éstas la presencia de uno o más hijos en la educación superior, les agrega un costo más duro todavía. Más o menos un millón de jóvenes se encuentran en estudios superiores, constituyendo un 30% de cobertura entre 18 y 24 años. Si bien la cifra es alta comparada con los 170 mil que había en 1983, sigue siendo un porcentaje menor respecto del conjunto de la clase trabajadora, menos aún cuando se mide en relación con los sectores más pobres. Pero a la vez, el ingreso a la educación terciaria juega un rol relevante en la adhesión ideológica al modelo gracias a la promesa del “ascensor social”, así como su materialización depende de los mecanismos financieros que se han construido para ella.
El ingreso a la educación superior, se mantiene con un sesgo favorable a los sectores más ricos y está lejos todavía de ser una posibilidad para el conjunto de la clase. La cobertura de 30% se traduce en 19,8% de acceso en el primer quintil y en 83,3% en el quintil más rico. El 75% de los egresados de cuarto medio de un liceo municipal no sigue estudios terciarios contra un 24% de los egresados de particulares pagados. Así todo, estas cifras de cobertura son más altas que las de hace diez o veinte años atrás.
Ha habido una expansión de la oferta privada (universidades, institutos y centros de formación técnica); y, en menor medida, de algunas universidades del Consejo de Rectores (que se comportan como privadas, como la Universidades de Valparaíso, Arturo Prat, etc.), dirigida a sectores trabajadores de menos ingresos, los que han sido los únicos que se han sostenido al alza respecto al ingreso desde 2003. Si bien un tercio de los jóvenes que se incorporaron, ingresan a universidades del CRUCH (con lo que tienen mayores alternativas de financiamiento), dos tercios lo hacen a universidades privadas, IP y CFT, cuyo financiamiento viene casi únicamente del bolsillo de las familias.vi
La integración a la educación terciaria produce que la familia incurra en un gasto que antes no tenía, puesto que la promesa adquiere sentido en la medida que se crean los mecanismos financieros para ello mediados por el mercado, en particular por el endeudamiento con la banca privada. El gasto nacional en educación superior es el 2% del PIB, equivalente a unos US$ 3.800 millones anuales, pero sólo 0,3% es gasto fiscal y el 1,7% restante lo ponen los estudiantes y sus familias. Es decir, si se considera que el gasto promedio en educación universitaria por alumno en Chile es de unos US$ 7 mil anuales (unos $3,3 millones), el Fisco aportaría con $495 mil, mientras las familias pondrían $2,8 millones (unos $285 mil mensuales). La fórmula es muy ventajosa para la banca, en la medida en que esos jóvenes son “económicamente activos sin trabajar”, ya que producen deudas y los correspondientes intereses (plusvalía).
La promesa es que en el futuro se ganará más sueldo, lo que ocurre efectivamente pero no del modo virtuoso que se augura, sino regresivo, haciendo más ricos a los que ya venían con mejor situación económica. El porcentaje de deserción es bastante alto y golpea sobre los quintiles más bajos, especialmente en la educación no universitaria. Al finalizar el segundo año de universidad, poco más del 30% de quienes accedieron se retiran, aumentando estas cifras a 51% y 46% para Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales respectivamente; las tasas de egreso rondan en un tercio para los estudiantes de IP y el 50% para universidades y CFT. La deserción es sólo académica, porque no se deserta del pago del arancel; siguen pagando pero no siguen estudiando. Entonces, cruzando el dato “rimbombante” de que el 70% de los estudiantes es primera generación en la familia, con una tasa de 40% de deserción, buena parte de los jóvenes que supuestamente rompían el círculo vicioso vuelven a él, arrastrando una deuda que no les dará ningún rédito. Y aunque efectivamente se finalicen los estudios y aumenten las posibilidades de tener mejores ingresos, el egreso implica un endeudamiento a 20 años plazo con tasas de interés altas, mermando el salario real al punto que no está demás cuestionarse si valió la pena haber estudiado.
Es también la realidad de los estudiantes de universidades tradicionales a través del Fondo Solidario. De hecho, el número de endeudados de este Fondo es de 110.000 jóvenes, casi idéntica proporción al número de estudiantes de los tres primeros quintiles de las universidades del CRUCH (129.000). Y hay que decir que sólo una minoría de estudiantes del Consejo de Rectores accede al Fondo Solidario, un crédito con mejores condiciones de financiamiento (2% de interés, 12 a 15 años plazo, período de gracia de 2 años, condonaciones, repactaciones periódicas y escasa exigencia del pago).
El Crédito con Aval del Estado (CAE), tiene la finalidad de posibilitar el endeudamiento de todos los estudiantes del sistema de educación superior que asistan a instituciones acreditadas, bajo condiciones usureras (5 a 6% de interés, 20 años plazo, sin condonación, obligado a pagar el crédito y sus intereses -del mismo modo en que se le descuentan las cotizaciones de su salario-, pudiendo pasar a DICOM y promediando un pago de las cuotas de 15% del sueldo de los egresados). Todo esto con el “aval del Estado”, es decir, con fondos públicos se va cubriendo la deuda con la banca, a tal nivel que al Estado le resulta más caro financiar el CAE que las becas directas de estudio, debido a que, por una parte, cubre el no pago de los deudores desde el segundo año en porcentajes escalonados (del 10% al 100% al egresar), y también recompra poco menos de la mitad de los créditos a los bancos con un cargo del 37%, todo para garantizar la ganancia bancaria. La dimensión económica del CAE llega, entre 2005 y 2010, a alrededor de dos mil millones de dólares y 100 mil nuevos endeudados al año. Y es importante considerar que la mayor parte de este crédito ha recaído sobre estudiantes de universidades privadas, IP y CFT (menos del 10% de los jóvenes de universidades CRUCH tienen CAE), lo que implica que una de sus finalidades ha sido financiar tanto la oferta privada y a la banca, cumpliendo de paso el “sueño” de la educación.
Pareciera más que sensato aliviar el peso sobre nuestras esforzadas capas medias y pobres, redistribuyendo recursos, redefiniendo prioridades políticas y apostando por aumentar el financiamiento basal a las Universidades estatales, que reciben al 43% de alumnos de los tres primeros quintiles; y un indirecto más supervigilado, a los CFT, los IP y universidades privadas, cuyo costo no sería mayor que el aumento de capital de La Polar.
Pero quienes controlan las decisiones económicas, aún teniendo a la mano suficientes herramientas para maquillar la precarización de la vida de los trabajadores y sus familias, persisten en sostener este cúmulo de condiciones para garantizar sus tasas de ganancia a niveles óptimos, a sabiendas que la desarticulación y la cooptación ideológica es tal que pueden seguir durmiendo tranquilos sin arriesgar su poder. Habrá que seguir mirando el desarrollo económico del país y el modo en que éste impacta en la vida de los trabajadores, atendiendo las grietas donde asoma una posible agudización de los problemas del ciclo económico.
i Una explicación a este estancamiento, es que la mayor parte del empleo se generó durante los meses posteriores al terremoto de febrero de 2010, fuerte factor dinamizador de la economía chilena en los meses posteriores al desastre.
ii Para más detalles ver minutas de empleo de Fundación SOL.
iii A modo de ejemplo: la deuda promedio por cliente de La Polar es de 1.500.000 de pesos, concentrada en los quintiles más bajos (I, II y III); ABCDIN y PRESTO (Lider), que llegan a los mismos segmentos, giran en torno a los 650.000 pesos, mientras Falabella, Cencosud y Ripley, cuyos clientes son de los quintiles más altos, promedian 400 mil pesos. Falabella tiene una lista negra de poblaciones donde prohíbe a sus vendedoras a ofrecer tarjetas.
iv “Al primer trimestre del 2011, la deuda total de los hogares creció un 8,4% anual, explicado por un mayor aumento de la deuda de consumo (9,5%) que la hipotecaria (7,6%). El componente más activo de la deuda de consumo fue el endeudamiento bancario (11,8%). En el caso de la deuda no bancaria, el crecimiento más alto lo experimentó la deuda con casas comerciales. No obstante, todas estas tasas de crecimiento siguen siendo menores que las del período previo a la crisis financiera externa (promedio 2002-07)”. Informe de Estabilidad Financiera, Banco Central, 2011.
v Este panorama negativo no es sólo un análisis nuestro. El mismo Banco Central lo advierte en el mismo Informe citado: “En resumen, el endeudamiento de los hogares está retomando sus tasas de crecimiento y los indicadores de riesgo de crédito se mantienen, hasta ahora, en niveles acotados. La persistencia del aumento del consumo y de la deuda, conjuntamente con un escenario más adverso en términos de actividad y con relajamientos significativos de los estándares en la parte expansiva del ciclo, puede tener implicancias importantes para la vulnerabilidad financiera de los hogares. En este sentido, es importante que los intermediarios financieros mantengan una actitud vigilante en esta fase del ciclo” (pág. 38).
vi En Chile hay 61 universidades. Sólo 16 son estatales y reciben el Aporte Fiscal Directo (AFD) de alrededor del 15% de su financiamiento. Las 44 restantes son privadas, 6 corporaciones de derecho público que también reciben AFD y 38 de derecho privado que no reciben AFD, pero sí aportes indirectos (AFI) por alumno matriculado. Los Institutos Profesionales son 44 y los CFT son 73, no exigen PSU y no reciben ninguno de estos fondos, a cambio sus estudiantes reciben becas para el sector técnico-profesional.
