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Declaración pública: Cada año sube el presupuesto de educación, pero no bajan las cifras de deserción

Con el reciente inicio del año académico bien sabemos que las malas condiciones de nuestros liceos y universidades se mantienen, sin ningún tipo de mejora en lo que respecta la infraestructura y el aprendizaje, ni mucho menos en la elaboración de planes que apunten a mejorar la situación crítica por la que atraviesa el estudiante popular en lo que refiere a su formación.

Esta situación critica que arrastra el estudiante desde el contexto de pandemia ha asumido una condición de crisis, por la incapacidad que ha tenido la institucionalidad de darle una salida coherente al problema que en la actualidad viven los liceos y universidades. En ese sentido, la imposibilidad de educar y formar a los hijos del pueblo trabajador es la manifestación directa de la crisis educativa.

Año tras año la elaboración de planes para los liceos no apuntan a la problemática central de la crisis educativa, sino que entre los administradores del sistema educativo existe el consenso de culpar al estudiante del problema educativo, enfocándolo en una cuestión de comportamiento y convivencia, expresado en malos tratos entre los estudiantes y profesores o la imposibilidad de realizar clases por el desorden que se genera en la sala de clases.

En la educación superior el problema no es muy distinto, pues tenemos una universidad que no es capaz de formar profesionales capacitados para dar respuesta a los problemas y fenómenos de la sociedad. La universidad está sumamente precarizada en lo que respecta a sus condiciones de estudio, pero mientras sea rentable en el número de matriculas, poco le importa al sistema los profesionales que está generando. Todo este problema es camuflado con el discurso de salud mental y agobio que la propia academia ha producido, traducido en una flexibilidad académica y recorte de contenidos que lamentablemente el estudiante reproduce, lo que continúa precarizando la formación profesional sin contraposición alguna.

En los últimos años hemos visto el fracaso de las políticas educativas en lo que respecta a los aprendizajes de los estudiantes y la infraestructura de los establecimientos, realizando solamente ajustes al sistema educativo, como lo fue la política del 2015, que en el discurso sonaba prometedora la reducción de las brechas en los liceos y el fin al lucro, pero en lo concreto terminó por desentrañar las problemáticas que no les permitían continuar profundizando el mercado en la educación. Además, tenemos la política de la gratuidad y su nefasto diseño que no sólo desfinancia las casas de estudio, sino también esconde la lógica de entregar altas cantidades de recursos desde el Estado hacia los privados para llenar los bolsillos de quienes administran la educación, que por cierto no tienen ninguna intención de invertirla en las propias universidades.

Esto es solo un ejemplo del tipo de reformas que han existido durante los últimos años en materia de educación, que en ningún caso han apuntado a mejorar las condiciones de estudio de liceos y universidades. Recordemos que durante la pandemia las medidas apuntaron al recorte de contenidos y el criterio de no repitencia, políticas que hasta la actualidad se mantienen para no tener números rojos en las estadísticas, sin importar la calidad de la educación que la juventud está recibiendo.

Es problemático que por las malas condiciones de infraestructura los liceos no tengan la capacidad de desarrollar procesos formativos para los estudiantes, ya sea por los espacios que se inundan en invierno o la falta de recursos básicos como mesas y sillas en las salas de clases, siendo que uno de los puntos fuertes del presupuesto anual paca educación es infraestructura.

Resulta paradójico que existan estos problemas asociados a las condiciones de estudio en liceos y universidades, mientras el presupuesto anual del Estado destinado a educación ha venido al alza durante la última década. Aquí surge la pregunta ¿para qué se están utilizando los recursos? La respuesta la encontramos en el despilfarro de dinero que de la institucionalidad educativa relacionado a planes de reactivación educativa post pandemia y contratación de “profesionales” de distintas áreas disciplinares para la implementación de estos mismos planes que no han tenido resultado positivos, además del traspaso de recursos a privados para la innovación en educación.

Los únicos resultados que hemos tenido con el despilfarro de recursos son 50 mil estudiantes que desertaron del sistema escolar, lo que solamente expresa el sinsentido que ha generado el estudiante respecto a la funcionalidad de la educación escolar, mientras que, en la universidad se manifiesta en el desinterés por el conocimiento, lo que produce futuros profesionales sin capacidades para darle solución a las problemáticas que aquejan a la sociedad.

Lo problemático de la crisis educativa es que ningún actor del bloque dominante tiene la intención de darle solución a las condiciones de la educación, es más, apuestan por seguir profundizando el mercado educativo normalizando las paupérrimas condiciones que este tiene. Esto queda expresado en la intención de los administradores de la educación, en tanto algunos pocos continúan llenándose los bolsillos con los recursos del Estado y la clase política no ha construido ninguna propuesta que encamine la solución de la crisis.

Por otro lado, el movimiento estudiantil no ha logrado construir capacidades para afrontar los problemas de la educación, es más, las dirigencias del sector, al responder a las principales fuerzas del gobierno solo han apuntado a contener la expresión de rebeldía de los estudiantes, desarmando toda capacidad de organización en las carreras, utilizando los espacios organizativos para simplemente traspasar información desde la institucionalidad hacia los estudiantes, además de desviar los problemas centrales de la educación a cuestiones de convivencia y género, buscando no abrir otro flanco en la clase política.

Es así como vemos que el abandono de liceos y universidades se volvió la directriz política de los administradores de la educación, siendo el CONFECH y las federaciones sus principales cómplices para contener al estudiante popular.

Es por esto que hacemos el llamado a que el estudiante se organice en su liceo y universidad, sumando a sus compañeros de carrera y curso a la construcción de un movimiento estudiantil que denuncie la condición que actualmente atraviesa la educación en el país, para que de esta manera podamos disputar contra los administradores de la educación las condiciones de aprendizaje e infraestructura de cada casa de estudio.

 

Mientras liceos y universidades se abandonan
En cada espacio a crear organización para una nueva educación.