Casi cinco años han pasado ya, desde que se puso en absoluta evidencia la profunda crisis en la que está inmerso el sistema político chileno. Una crisis marcada por una falta de legitimidad que atraviesa a toda la institucionalidad y al abanico de partidos que, durante décadas, han hecho carrera mintiendo, engañando y enriqueciéndose a partir de los recursos que debían servir para garantizar a todo un pueblo las condiciones para vivir.
Ni la pandemia y sus consecuencias sanitarias, ni el posterior agravamiento de la situación económica y social, han repercutido en que las urgencias populares se pongan en el centro del quehacer político institucional. En estos casi cinco años, la elite política se ha enfocado en resolver la crisis del propio sistema, esforzándose por montar una apariencia de “legitimidad”, “inclusión” y “participación”, mientras hace la vista gorda al evidente empobrecimiento y precariedad que golpea cada vez más fuerte a la mayoría popular. En estos cinco años, la situación ha ido de mal en peor, para la inmensa mayoría de la población.
No es de sorprenderse entonces que, apenas comenzado el invierno, ya eran miles las familias que quedaban abandonadas a su suerte, al momento de encarar el frío, la humedad y las lluvias, características propias de esta época del año, pero que el pueblo ha venido enfrentando en condiciones materiales cada vez peores, a la sombra constante del desempleo, sumado a costos de vida impagables, una precariedad habitacional dramática y el abandono institucional propio de los predicamentos neoliberales.
Las inundaciones de barrios enteros, el colapso de hospitales y servicios de salud, la proliferación y el descontrol de enfermedades, en época de invierno, no son algo imprevisible, sino el resultado de un modelo económico cuya estructura política promueve la privatización y mercantilización de ámbitos vitales para la salud de la población, al tiempo que abdica completamente de su responsabilidad respecto de éstas, negando en los hechos, el acceso a una salud digna para la mayoría. Cuando el acceso a la salud es nominalmente “libre”, pero en la práctica, extremadamente caro, evidentemente condena a la mayoría a la enfermedad.
¿Y cómo no indignarse al escuchar a cuanta autoridad repitiendo hasta el cansancio el discurso sobre la “seguridad” y las declaraciones “en contra de la violencia”, mientras aumentan la tarifa eléctrica a las familias en pleno invierno? ¿Dónde queda la seguridad para las familias populares que deben calentar sus hogares y costearse la vida en un contexto de permanentes alzas? ¿Acaso hay forma pacífica de arrebatarle y negarle a millones aquello que les es vital y que necesitan para vivir dignamente?
Al promulgar el alza en la tarifa eléctrica, el gobierno de Boric y todo el séquito de mandatarios autodenominados “progresistas”, una vez más, confirman su cohesión y sintonía con el gran empresariado y el conjunto de la elite política, para quienes garantizar la ganancia del sector privado siempre está primero, aún a costa del empeoramiento de las condiciones de vida de ese pueblo que tiene un lugar reservado en cada discurso público, pero que nunca tiene cabida en la escala de prioridades de la agenda política y empresarial.
Con una hipocresía descarada, el gobierno argumenta esta alza en pos de resguardar el “equilibrio fiscal”. Pero, ¿de qué equilibrio fiscal nos hablan, si los recursos del Estado claramente se inclinan y van a parar sistemáticamente a los bolsillos del gran capital privado?
El mismo anuncio de adelantar el aumento del sueldo mínimo a 500 mil pesos, se acusa como una impresentable cortina de humo, pues, como de costumbre, dicho aumento se esfumará instantáneamente, ante la magnitud del alza en la tarifa eléctrica y su “efecto dominó” en el aumento de precios de otros bienes y servicios.
Para ocultar su absoluta subordinación al interés empresarial, Boric se reviste de “honradez” y apela a que la deuda, producto del congelamiento de precios acordado con las empresas de electricidad en 2019, debe pagarse. Pero en su apelativo a la “responsabilidad” en favor de dichas empresas, omite convenientemente la montaña de abusos y explotación que hace posible las utilidades estratosféricas que éstas han acumulado durante décadas. Y esta es una operación característica de todo político bien amaestrado, manipulando contradicciones y levantando pantallas institucionales o morales, para ocultar lo que no es más que una evidente relación de injusticia.
Así, el gobierno que venía a “cambiar la política”, termina portándose igual que todos sus antecesores, acomodándolo todo con tal de no contrariar a ese empresariado que lo acapara todo y en cuyo egoísmo sin límites las necesidades del pueblo no son más que oportunidades de negocios. ¿Quién podría negar hoy, que el verdadero rol del autodenominado “progresismo” no es más que apuntalar al sistema político chileno, a partir de una imagen renovada que le permita seguir implementando, en la práctica, las medidas necesarias para que los intereses de una minoría privilegiada se sigan imponiendo sobre la mayoría pobre?
Por esto, el sistema político que ha permitido e impulsado la privatización y mercantilización de todos los ámbitos de nuestra vida, asegurando que la población no tenga incidencia en aquello que está reservado a las grandes corporaciones empresariales, es el mismo sistema que pretende obligarnos a votar, para legitimar su propio montaje de democracia. Pero, cuando no hay acceso a medicamentos para el que está enfermo, cuando no hay camas disponibles en los hospitales, cuando no hay médicos suficientes en los centros de salud, cuando no hay acceso a atención médica oportuna y adecuada para la mayor parte de la población, cuando miles de familias siguen esperando una vivienda, cuando el trabajo precario es la regla, cuando para la mayoría es cada vez más difícil construir un futuro, entonces, esta democracia es una cáscara vacía, aunque haya elecciones.
Este nuevo invierno, no sólo pone en evidencia el empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo, sino también que la precarización y empobrecimiento de la mayoría popular no tendrá una salida en los marcos impuestos por este sistema. La solución no está en seguir depositando las esperanzas en un modelo económico que estruja a millones para opulencia de unos pocos, o en un sistema político que mantiene al pueblo resignado a las condiciones de injusticia que se le imponen, o en una elite política que enarbola el “derecho a votar” mientras le niega a la mayoría todos sus derechos.
El pueblo digno no puede resignarse, no puede paralizarse, no puede conformarse con ser un receptor pasivo de la realidad que lo rodea. Es hora de que se acabe la paciencia. Que se acabe la paciencia con quienes prometen soluciones y días felices antes de ser electos, pero que luego, una vez en el poder, no tienen reparos en pisotear las esperanzas y expectativas populares.
CONTRA ESTE SISTEMA QUE NOS GOLPEA CON ALZAS, ENFERMEDADES E INUNDACIÓN
REBÉLATE Y LUCHA
GRUPOS ACCION POPULAR
Julio, 2024
