Si ya es poco lo que podemos esperar de un gobierno que engaña al pueblo con falsas promesas y del puñado de políticos que hablan mucho y trabajan poco, esta vez todas las bajas expectativas fueron superadas. Hace unos días, en el aniversario de un año de los incendios de la Quinta Región (Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué), sin escrúpulos, con indolencia y descaro, desde el gobierno han anunciado avances de la reconstrucción, a los que además se atrevieron a poner una cifra: 25%.
Vamos a obviar el que responder a la dignidad humana con números muestra la cara de indiferencia de los políticos a las tragedias populares, que a estas alturas parece ser la norma. Centrémonos, más bien, en lo que significa decir que hay “avances” cuando basta recorrer las poblaciones afectadas para entender que a todas las une el mismo nombre: Abandono.
Hace un año se ponían la mano en el corazón para dar su más sentido pésame a todas las familias afectadas, pero faltó terminar la conferencia de prensa para que todas las palabras se las llevara el viento. En la quinta región las instituciones de Serviu y Municipalidad han demostrado estar para cobrar jugosos sueldos a fin de mes, pero haciendo la vista gorda a las necesidades de los pobladores. Entre una y otra llevan un año pasándose la pelota, gastando sus energías en desentenderse del problema, sin ánimo de dar solución alguna. Decir que no tienen voluntad queda corto, cuando más bien es el valor de la humanidad lo que les escasea.
El gobierno comenzó diciendo que habría reconstrucción, pero en el camino delegó la responsabilidad a empresas que entregaron viviendas de emergencia en malas condiciones y luego, en una sagaz maniobra, esperaron al paso del tiempo que fueran los mismos pobladores los que autoconstruyeran sus casas, quienes basados en su experiencia ya sabían desde el día número uno que nada se podía esperar de los políticos. Claro, siempre se puede apelar a la solidaridad del pueblo y a la “fuerza” de los chilenos, si eso sirve para deshacerse del problema.
Más escandalosa resultó la discriminación entre quienes tienen dominio de propiedad y quienes viven en tomas de terreno o sus terrenos no están en las mejores condiciones para la construcción, otorgándoles la posibilidad de un subsidio habitacional a los primeros y negándoselas a los segundos ¿es que acaso algunos merecen ser más ayudados que otros frente a una tragedia? ¿valen más los seres humanos que se han acogido a la legalidad que los que no? Eso descontando que tampoco la ayuda para los primeros supuso realmente una mejora de sus condiciones de vida, ni siquiera alcanzó para atravesar la emergencia dignamente. Las viviendas de emergencia se llovían en pleno invierno y los kits con los que debían ser equipadas llegaron sólo a algunos, en una lógica que parece más que difícil de entender. A fin de cuentas, habría que decir que lo único que sostuvo la dignidad en plena emergencia fue la ayuda entre los vecinos.
Así las cosas, el gobierno apareció con un subsidio de “autoconstrucción asistida” que tiene todo de autoconstrucción y nada de asistencia, traduciéndose simplemente en que los vecinos se endeuden. Así, llaman “avance” a lo que en realidad el pueblo ha debido solucionar por sí sólo, a pulso, con ayuda de sus vecinos y familias y sin la presencia, ni siquiera la visita, de las instituciones ¿De qué hablamos entonces cuando el gobierno no ha hecho más que demostrar su inoperancia?
Suena ilógico que no haya catastro completo a día de hoy, que es lo mismo que decir que el propio Estado no tiene claridad ni manejo sobre la situación del incendio. ¿Dónde están los profesionales que podrían aplicar sus conocimientos para resolver emergencias cuando se les necesita? En un país lleno de profesionales, resulta contradictoria la imposibilidad de ponerlos a disposición de las necesidades del país. Más contradictorio resulta el aumento de funcionarios en el sector público durante este gobierno, a la par que hay una mayor inoperancia frente a esta catástrofe.
Aquellos a quienes Serviu no les permitirá acceder a los subsidios de vivienda, por otra parte, fueron utilizados por las fundaciones, que subían su popularidad con las “buenas acciones” realizadas al más puro estilo de colectas y teletones, arrogándose el derecho de administrar cómo se distribuirían los recursos de la ayuda, sin preguntar siquiera a los pobladores cuáles eran sus necesidades. Nada de extraño es comprobar que esos mismos de las fundaciones son luego los dueños de constructoras o tienen un vínculo directo con las empresas que “llevan la ayuda”, aprovechándose de la tragedia para hacer circular su negocio y sacar beneficios individuales.
Como si ya no se pudiera ir más allá, los servicios de luz siguieron cobrándose a los pobladores. Chilquinta siguió facturando hasta los empalmes y medidores, a lo que se suma el caos entre las distintas instituciones que hicieron instalaciones, en muchos casos de mala calidad o inexistentes. En tanto, en medio de todo ello, las municipalidades se sacan fotos con vecinos para mostrar supuestos avances, utilizando la desgracia ajena como propaganda política oportunista, encubriendo la inoperancia y responsabilidad que ellos mismos tienen en que el problema se extienda en el tiempo.
Ahora, a propósito del aniversario del incendio la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro aparece excusándose con que “ninguna reconstrucción de esa magnitud ha podido tener las viviendas en un plazo de un año” ¿es posible creer tanta desvergüenza? Hubiera sido más honesto decir que para el gobierno jamás las necesidades del pueblo han estado entre sus prioridades, que no han hecho el trabajo, que ni siquiera han dado la cara y que la dignidad humana no es parte de sus principios.
Visto los últimos sucesos, nadie podría negar que vivimos en un país pies arriba, con valores torcidos, a tal punto que algo tan básico y natural como la aspiración de vivir mejor suena como una idea descabellada.
No se puede permitir que se manosee y pisotee la dignidad de los pobladores. Desde el gobierno, Serviu, Senapred y municipios, ninguno está a la altura de las necesidades del pueblo. Los pobladores están abandonados por la institucionalidad, pero no están solos. Tienen la unión y solidaridad para reconstruir los caminos para vivir dignamente. Está en sus manos construir y disputar una propuesta de cambio para un futuro mejor, ser protagonistas de los cambios, que son necesarios y posibles.
Que la pena se transforme en rabia y lucha. Que ningún político utilice la desgracia del pueblo para sacar réditos personales. Apostemos por la vida digna que los pobladores merecemos.
